Senadores de la UCR impulsan el Programa Federal Habitacional para la juventud con la creación y puesta en marcha de un Fondo Fiduciario de oferta pública hipotecaria.

El proyecto propone la creación del Programa con el objeto de facilitar el acceso a la primera vivienda propia, mediante crédito hipotecario, a los jóvenes de 18 a 36 años, de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Constitución
Nacional.

El proyecto de ley es autoría del senador Ángel Rozas, y apoyado por su par Alfredo Martínez. Se plantea que el Programa Federal Habitacional para la juventud tendrá los siguientes objetivos: Fortalecer el sistema federal de vivienda favoreciendo la acción
coordinada entre la Nación, las Provincias y los Municipios, el sector
privado y no gubernamental.
Estimular la construcción de viviendas mediante el desarrollo del
crédito hipotecario de largo plazo, el impulso a la autoconstrucción, la autogestión y el mejoramiento de viviendas, priorizando las
necesidades de la familias de menores ingresos.
Como también impulsar una política de vivienda integral que articule diferentes actores, mecanismos y estrategias, sobre la base de un modelo financiero combinado de subsidio, ahorro y crédito hipotecario de largo plazo, orientado a aplicar más recursos sobre la demanda de viviendas y el desarrollo de soluciones habitacionales más equitativas, eficientes y sostenibles.

También se fija un Fondo Fiduciario Público, a cuyos efectos se
designan como fiduciante, al Estado Nacional en cuanto transfiere la propiedad fiduciaria de los bienes y recursos fideicomitidos al
Fiduciario con destino exclusivo al cumplimiento de la presente ley y
del contrato de fideicomiso respectivo.
Asimismo es fiduciario el Banco Hipotecario S.A. como administrador de los bienes que se transfieren en fideicomiso de acuerdo a la ley 24.441
Además se propone un Comité Ejecutivo del Fideicomiso, que será el encargado de fijar las condiciones, impartir instrucciones y autorizar en forma previa las actividades a cargo del Fiduciario en las distintas jurisdicciones y efectuar su seguimiento. Estará integrado por el Secretario de Obras Públicas de la Nación y un representante de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que adhieran a la presente ley.

En cuanto a los beneficiarios: Son los Institutos Provinciales de la Vivienda de cada uno de los estados provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en sus respectivas jurisdicciones deberán arbitrar los medios para otorgar las correspondientes escrituras de dominio con garantía hipotecaria, en los términos establecidos en el contrato respectivo y para autorizar los créditos, subsidios y otros destinos relacionados al acceso a la vivienda.

Se fija que el Fondo Fiduciario Público para El Plan Federal
Habitacional para la juventud tendrá una duración de 30
años, contados desde la fecha de su constitución mediante la celebración del correspondiente Contrato de Fideicomiso, quedando su liquidación a cargo de quien designe el Comité Ejecutivo.

Los bienes fideicomitidos se destinará únicamente al otorgamiento de créditos hipotecarios de largo plazo para la adquisición de viviendas, para la construcción o mejoramiento de viviendas familiares, únicas y permanentes de conformidad con las pautas que se establezcan en el contrato de fideicomiso y las que determine el Comité Ejecutivo del Fideicomiso creado por el proyecto de ley que se presentó.

Martínez resaltó que esta iniciativa busca “avanzar hacia una mayor igualdad en nuestro país, construyendo ciudadanía y reparando necesidades que parten de las profundas asimetrías que en la actualidad aún existen y que afectan con mayor intensidad a los jóvenes”.

En los fundamentos, se remarca que en materia de política habitacional, la realidad muestra que luego de la expansión económica ocurrida durante el período 2003-2007, la aceleración de la inflación ha puesto un freno a la recuperación del poder adquisitivo de los hogares. De allí que las brechas de desigualdad aumentaron con ritmo creciente en los últimos años.
Por ello, la sociedad argentina y en particular los más jóvenes, están requiriendo de nuevos instrumentos de política fiscal y la revisión de las herramientas de la política social, entre las que asume primordial importancia el acceso a una vivienda digna para mejorar las condiciones de vida urbana, esenciales para la operatividad de los demás derechos humanos fundamentales.
El grave déficit habitacional que aún persiste en nuestro país, aún cuando en los últimos años se han implementado planes con cierto éxito como el Pro.Cre.Ar deja demostrado que el mercado no puede resolver por sí solo las dificultades de acceso al financiamiento, ni alcanza a responder a vastos sectores de la población y que los instrumentos que ha previsto el ejecutivo nacional no llegan a cubrir las crecientes necesidades actuales, lo que pone en evidencia la importancia de diseñar mecanismos eficientes que permitan contar con mayores recursos financieros y presupuestarios para revertir el déficit de vivienda.

En esta misma línea, se fundamenta que no solo es preciso introducir cambios en las normativas heredadas de la convertibilidad de los años 90, que son hoy un serio impedimento para facilitar el acceso al crédito hipotecario, sino que resulta imperioso revisar las políticas de subsidios a las personas y garantizar que se orienten a la integración al trabajo y la capacitación, con la mayor atención sobre los jóvenes que no estudian ni trabajan, o que cuentan con empleos precarios. En este desafío queda comprendido el reto de diseñar una nueva política de vivienda.


Martes, 19 de agosto de 2014