En numerosas ciudades del país y principalmente en Mar del Plata, hoy se rendirán emotivos homenajes a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan al cumplirse dos años de su trágica muerte, cuando el 15 de noviembre de 2017 la nave se precipitó hacia las profundidades marinas, frente a las costas de Comodoro Rivadavia por causas que aún no fueron fehacientemente esclarecidas. Pero existe una serie de indicios que infieren responsabilidades no solo a altos jefes de la Armada sino también a funcionarios del actual gobierno nacional.

El luctuoso incidente que enlutó a Argentina y conmocionó al mundo motivó que se iniciaran tres investigaciones paralelas, una de ellas dentro de la propia Armada a través de un equipo de expertos.

Otra fue impulsada (y finalizada) por la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación que determinó responsabilidades institucionales con un lapidario informe hacia la estructura institucional y de compartimentos estancos de la Armada, desnudando al mismo tiempo las fuertes disputas internas entre los mandos superiores, a los que también se les cuestionó no haber estado a la altura de las circunstancias cuando el submarino estaba en situación de emergencia.

Para ejemplificar su postura, la Comisión Bicameral citó que cuando se realizaba el ejercicio naval más importante de los últimos 30 años en el Atlántico Sur el entonces jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur, había viajado a Montevideo para recibir una condecoración.

En tanto, los máximos responsables de la Fuerza de Submarinos (Claudio Villamide) y del Comando de Adiestramiento y Alistamiento (contralmirante Luis López Mazzeo) se hallaban en Salta promocionando una campaña de vacunación, mientras que el ministro de Defensa, Oscar Aguad, estaba en Canadá asistiendo a una reunión internacional de funcionarios de esa área.

La restante investigación, de orden penal, sigue su curso en el Juzgado Federal de Caleta Olivia, donde ya se tomaron más de un centenar de declaraciones testimoniales por la causa principal aún caratulada como “averiguación de ilícito” y otra paralela que estuvo relacionada con búsqueda.

Además, hay siete imputados, todos ellos altos oficiales en actividad, retirados o separados de la fuerza, de los cuales cinco ya se presentaron en audiencia pero solo uno accedió a prestar declaración indagatoria, tratándose del excomandante de la Fuerza de Submarinos, capitán de navío Claudio Villamide.

Pero no hay ningún civil imputado ya que tanto el presidente de la Nación, Mauricio Macri, como el ministro de Defensa, Oscar Aguad, solo declararon como testigos y lo hicieron mediante escritos que enviaron a la jueza Marta Yáñez.

La misma se excusó ayer de responder a consultas de El Patagónico y a través de una secretaria del organismo hizo saber que hoy difundirá un comunicado de prensa.

LA CAUSA PROBABLE

Aunque varios jefes navales aseguraron que el submarino de la clase TR 1.700 fabricado en Alemania estaba en condiciones de operar, hay pruebas de que tenía varias fallas que se habían reparado porque desde hacía más de dos años no entraba a dique seco e incluso estaba limitado a sumergirse a no más de 100 metros.

Además, en el último informe escrito que redactó el comandante de la nave, Tomás Fernández, referido a una navegación realizada en julio de 2017, quedaron en evidencia una serie de desperfectos, a lo que se suman los testimonios de familiares de los tripulantes que eran receptores de los inconvenientes que afrontaban los submarinistas.

Gran parte de las investigaciones están centradas en desperfectos que podría haber acusado la válvula Eco 19, dispositivo que forma parte del sistema de ventilación y que podría haber sido el motivo de la filtración de agua de mar hacia un compartimento de baterías.

Esto fue lo que habría generado el incendio que fue alertado desde altamar por el jefe de operaciones de la nave hacia un superior en tierra (en Mar del Plata) y luego se habría reiterado ese incidente cuando el ARA San Juan navegaba a 40 metros de profundidad.

Allí se había producido una fuerte explosión, en la mañana del 15 de noviembre, cuyas ondas acústicas fueron captadas por sonares de un organismo internacional con sede en Austria al que por sus siglas en inglés se conoce como CTBTO.

La muerte de los tripulantes habría sido súbita y luego la nave descontrolada se precipitó hacia profundidades e implosionó antes de llegar al lecho marino, a unos 907 metros, donde permanece deformada y con los restos de los marinos en su interior.

Fue hallada un día después de cumplirse un año de la tragedia por los vehículos sumergibles del buque Seabed Constructor de la empresa Ocean Infinity que había sido contratada para la búsqueda.

ACTO EN MAR DEL PLATA

El principal homenaje se realizara hoy a las 15.30 en Mar del Plata donde se encuentra el apostadero de submarinos, aunque ya no hay ninguna nave de ese tipo en operaciones.

En la ocasión, la Armada entregará una condecoración “Al Honor Militar” a los familiares de sus 44 tripulantes quienes el 25 de octubre de 2017 habían partido desde esa base hacia su última misión.

Los familiares participarán además de una misa en la capilla ubicada dentro de la Base y realizarán una concentración en el ingreso del predio militar para pedir avances en la investigación del siniestro.

El acto fue confirmado a través de la agencia de noticias Télam que en su reporte recuerda que el ARA San Juan perdió contacto a las 7.19 del 15 de noviembre de 2017, ocho horas después de que su jefe de operaciones informara sobre un principio de incendio en el tanque de baterías número 3, provocado al parecer por el ingreso de agua por el sistema de ventilación, mientras trataba de identificar pesqueros ilegales en medio de un fuerte temporal.

Destaca también que cuando fue hallada la nave en las profundidades marinas “el casco se encontraba en una sola pieza, totalmente deformado, colapsado e implosionado” y sin “aberturas de consideración”, con partes de la hélice enterradas y restos de tuberías, cadenas y pedazos de chapas desperdigados en un radio de 80 metros.

Estos indicios reforzaron la hipótesis de una “implosión cercana al fondo”, producto de la presión a una profundidad superior a los 900 metros, añade.

“Tras su hallazgo, se tomaron 67.000 imágenes en alta definición, que quedaron en manos de la jueza federal Marta Yáñez, a cargo de la investigación en Caleta Olivia, que busca determinar las causas del hundimiento y las eventuales responsabilidades penales”, puntualiza el informe de Télam.

Viernes, 15 de noviembre de 2019