El Doctor Matías Solano, referente de Inquilinos de Santa Cruz, fue entrevistado por la 94.1 (Radio Urbana), y alertó sobre el proyecto de ley que descansa en la legislatura santacruceña, pronto a perder estado parlamentario. Asimismo, habló de la urgente necesidad de contar con un marco legal que proteja a los inquilinos de las inmobiliarias.

Fue contundente desde Inquilinos de Santa Cruz, al ser consultado por Radio Urbana, sobre la situación de los inquilinos, y sostuvo: “Lamentablemente, se ha visto notablemente agravada por la pandemia”, indicando que no es nueva la situación: “ya venimos con serias dificultades previas a la pandemia, y ahora se ha sumado las restricciones para circular, mudarse, etc. y la grave situación económica que atravesamos todos, y en particular quienes se han quedado sin trabajo, quienes han visto reducidos sus ingresos y esto ha repercutido en la vida diaria de los inquilinos que por ahí, no pueden pagar el alquiler o tienen inconvenientes de diferentes naturaleza. Hoy por hoy, si bien tenemos un decreto, me refiero al 766 del Gobierno Nacional que prorrogó, a su vez, el decreto 320 que permite a los inquilinos dejar de pagar, si no pueden hacerlo”, o la prorroga de todos los contratos hasta el 31 de enero y diferentes medidas que incluye este decreto, en resguardo de los inquilinos.
El letrado subrayó que “la situación es muy grave, muy delicada porque las inmobiliarias y los propietarios son difíciles que cumplan las normativas. Tenemos muchas extorsión, mucho abuso. Cosas increíbles que pasan, y lamentablemente no hay ningún organismo del Estado que atienda estos reclamos, que trate de evitar los abusos, que controle que la normativa se cumpla. Directamente, los inquilinos están desamparados por parte del Estado en todas sus órbitas, solamente nosotros –Inquilinos en Santa Cruz- tratamos de ayudar y estar presentes y acompañar a los inquilinos, pero tampoco es suficiente”, se lamentó.
DESALOJOS
Asimismo, al ser interrogado por los desalojos que se suceden, añadió: “Si, tenemos desalojos por un lado, forzosos, o violentos, que por suerte son los menos, pero hay. Después, tenemos los que son provocados por la extorsión y las amenazas constantes que sufren los inquilinos y los garantes de los inquilinos que la inmobiliaria permanentemente, trata de que se vayan de los inmuebles, sobre todo de aquellos que no pueden pagar. Entonces, la situación es difícil”.
En oposición a lo que ocurre en la legislatura santacruceña, en el orden nacional, ya se cuenta “con una ley de alquileres nueva, pero que tampoco la quieren cumplir. Hay muchos casos que hacen contratos por fuera de la ley, contratos con fechas pasadas, para evitar que se le aplique la nueva ley. Innumerables situaciones que padecen los inquilinos diariamente, y que se encuentran desamparados y sin saber a dónde acudir”.
LEY DE INQUILINOS NACIONAL
“Esta ley vino a modificar el Código Civil y es una ley de orden público, o sea que la ley se aplica, aunque las inmobiliarias no quieran. Lo que sucede es que le mienten a los inquilinos y tratan de evitar que hagan valer sus derechos, o sepan de qué se trata esta ley”, indicó el Dr. Solano, y agregó que esta norma: “ha modificado algunos aspectos centrales del contrato de alquiler. Uno de ello es la duración, que ahora todos los contratos duran tres años. Esa parte, más o menos se cumple en los papeles, después en la realidad se va a cumplir de manera forzosa porque es de orden público, y por más que el contrato diga que el alquiler es por un año, por dos o por seis meses, o por lo que fuere, el contrato es de tres años, más allá de lo que diga el papel”.
Asimismo, Solano sostuvo que esta ley también modificó: “el tema de los aumentos de los precios, que esto es una cuestión central porque solamente, en los contratos nuevos, se puede fijar el precio del primer año de contrato, los restantes años, el segundo y el tercero, van a aumentar de acuerdo a un índice, que elabora el Banco Central de manera diaria”, explicando que: “solamente conocemos el precio del primer año de contrato que tiene que ser en doce cuotas iguales, no se pueden poner descuentos, ni aumentos. Y al segundo año, hay que atarse al índice que establece el Banco Central, todos los días, desde hace ya un par de meses, y cuando llegue el momentos de un aumento, hay que ver cuánto va a aumentar. Lo que sucede es que hay muchos contratos, en que no respetan estos y directamente fijan un aumento. Bueno, eso no es válido. La cláusula que fije un aumento es nula, porque el aumento se puede regir por el índice”. Después hay varias cuestiones que ha modificado esta ley, “por ejemplo, permite que los inquilinos, notificando tres meses antes, puedan irse del inmueble sin pagar indemnización, lo cual es un alivio y una libertad que se le da al inquilino, porque hoy por hoy, muchos están presos de algunos inmuebles que están en malas condiciones, o que no pueden pagar el alquiler”. En este contexto, el letrado no dudó en advertir que para el inquilino: “Es más grave irse que quedarse. Muchos se quedan porque tienen que contar con una voluminosa cantidad de plata para irse, y por otro, las amenazas que se le hacen a los inquilinos por parte de las inmobiliarias y los propietarios, tratando de sacarle plata, de todas las formas posibles con deudas inexistentes, o con arreglos que supuestamente, les hacen a las casas y esto también, ha beneficiado”.
El nuevo marco legal deja en claro que solamente pueden cobrar comisión inmobiliaria, los que sean profesionales matriculados: “martilleros/as. Los corredores inmobiliarios son los únicos habilitados por la ley, para cobrar comisión, así que cualquiera que pague una comisión tiene que pedir factura del profesional que interviene, sino no corresponde que se cobre comisión, y después quien debe pagar, no lo establece la ley, porque es una facultad provincial. Lo que dice la ley es que ambas partes pagarán comisión, si hay dos martilleros intervinientes, pero como en nuestra provincia, no está regulada esta cuestión, como no está regulada casi nada, en relación a esto, lo que sucede es que la inmobiliaria le cobra al inquilino igual, como se hacía siempre, porque al propietario no le pueden cobrar a la inmobiliaria y a su entender los clientes son los propietarios, y tratan de cuidar a sus clientes, por eso nosotros y todas las organizaciones de inquilinos del País, que esa comisión la tiene que pagar el propietario, justamente porque son los que contratan a la inmobiliaria para que le administre las propiedades. Entonces, no tenemos por qué pagar los inquilinos, los honorarios al profesional que representa a la otra parte, por eso en otras provincias ya se avanzó con legislaciones que regulan la cuestión de la comisión inmobiliaria para que la pague el propietario”.
Las inmobiliarias riogalleguenses, al igual que en el todo el País, y ante la escalada del dólar, no dudan de dolarizar la actividad: “En moneda extranjera, nosotros le pedimos al inquilino que no firme semejante cosa. La verdad que es un abuso por parte de las inmobiliarias, de hacerles firmar compromisos en dólares, cuando sabemos lo que puede significar económicamente para los inquilinos, eso no está previsto en la ley, y pasa a ser una cuestión por fuera de la ley, y como son documentos ajenos al contrato, es muy difícil de discutir o de probar, porque son cuestiones que están por fuera del contrato, lo que está prohibido por la ley, pero como es difícil de controlar, lo siguen haciendo”.
Por otra parte, con respecto a las garantías, la ley lo que hace es darle al inquilino, la facultad de proponer dos garantías: “y el locador debe elegir entre esas garantías. Hay un listado, desde las garantías bancarias, hasta los recibos de sueldos. Lo que sucede es que como no hay control, y como hay escasez de inmuebles para alquilar, también se abusan de esto, las inmobiliarias y lo que hacen es pedir lo que les parece, y el que no puede, no alquila y anda boyando por toda la ciudad buscando que alguien le alquile con los recibos de sueldos que tiene, o con la garantía que cuenta. Y lo de la garantía del propietario, es de por sí, descabellado porque cuando uno busca alquiler, no tiene casa, así que es una cuestión que no tiene sentido, y que termina siendo un abuso y genera en el inquilino el compromiso de tener que andar buscando, alguien que le preste una garantía inmobiliaria, lo cual es muy difícil y también se constituye en un obstáculo para acceder a la vivienda, por eso es tan importante que haya legislación, que haya un área que controle”.
LA LEY QUE NO FUE EN SANTA CRUZ
El Dr. Solano, explicó que “presentamos un proyecto de ley, a fines del 2018, con la firma del diputado Darío Menna y quedó en –stand by-, quedó en un cajón, lamentablemente no ha avanzado. Si bien, hay muchos reclamos, hemos hablado con legisladores, incluso la diputada Karina Nieto que sucedió a Menna en la banca, también ha tratado de que este proyecto avance, pero es muy difícil, y no parece haber voluntad de los legisladores para que este proyecto avance. Si no ocurre este mes, va a perder estado parlamentario y tendremos que presentar otro”, aseguró.


Domingo, 25 de octubre de 2020