Se reunieron ayer con funcionarios provinciales y jefes policiales para analizar la situación de las casas usurpadas. Trascendió que se analizaba llevar a cabo un operativo para desalojar a los ocupantes ilegales, no obstante este procedimiento no sería inminente.

Vale recordar que ya en el mes de diciembre de 2014, el juez de instrucción penal Eduardo Quelín había ordenado la medida, pero no se concretó por diversas razones, entre ellas la falta de personal policial para cubrir toda el área. Según se dijo en esa oportunidad, se requería más de 700 efectivos para llevar adelante el dispositivo que incluía además del desalojo de todo el barrio, el custodio de las viviendas hasta que los ocupantes legítimos accedan a sus casas.
Reunión
Ayer, al cierre de esta edición en la sede local del sindicato petrolero se llevaban adelante el encuentro, en donde los funcionarios provinciales explicaban los pasos a seguir. A su vez, los adjudicatarios pretendían exponer la situación particular de cada caso, ya que son diversos y puntuales los inconvenientes.
La controversia que derivó en la masiva usurpación tiene su origen en que cuando se anunció el plan de viviendas (denominado Néstor Kirchner) se lanzó con fondos nacionales y apuntaba a cubrir las necesidades generales vivienda; pero luego se dijo que el barrio sería destinado exclusivamente a los trabajadores petroleros. Esto se habría acordado con el gremio y de ese modo se avanzó con las adjudicaciones.
Fue entonces cuando las casas deshabitadas comenzaron a ser usurpadas.
Ayer un grupo de trabajadores petroleros y vecinos denominado “legítimos adjudicatarios del Barrio Petroleros” se reunieron con autoridades provinciales y policiales. (La Prensa de Santa Cruz)

Sábado, 28 de febrero de 2015