Un cambio importante que se acordó es que esta Ley no sólo reglamentará el compre en la industria minera sino que será extensiva a toda la actividad de Santa Cruz, especialmente la industria petrolera y la construcción de las represas. El proyecto está siendo abierto a opiniones de todos los actores de la industria y son muy importantes las devoluciones que se están recibiendo de las compañías y el resto de los interesados, ya que es una ley que beneficia a todos los habitantes de la Provincia al apuntar a potenciar las pymes y que se generen así más cantidad de puestos de trabajo.
“Estamos convencidos de que esta ley se complementa muy bien con la política del Gobierno Nacional de fortalecer la Industria Argentina, que ha logrado generar fuentes de trabajo genuinas mediante una serie de medidas de apoyo a las Pymes como soporte tecnológico, líneas de créditos productivos y sobre todo la implementación de políticas de sustitución de importaciones que ha sido tan importante para reemplazar localmente bienes que se producían en otros países” destacó Mauro Suárez, vicepresidente de CAPROMISA.
“Tenemos que trabajar en el mismo sentido en Santa Cruz para lograr generar un mercado que asegure una demanda potencial a cubrir. Es el primer paso para desarrollar Pymes locales. Vivimos en zonas alejadas del centro económico del país, con poca población y poca industria para atender y con grandes distancias a cubrir. Por lo tanto hay que extremar la generación de mecanismos para que la explotación de nuestros recursos naturales sirva para generar más puestos de trabajo y con más ingresos que se queden en la Provincia, de modo que finalmente la actividad minera impacte directamente en el desarrollo de la sociedad santacruceña.” concluyó.

El Proyecto de Ley
Cabe recordar que los puntos que se vienen trabajando desde diciembre en el Proyecto de Ley a partir del informe de situación de la minería en Santa Cruz que presentó CAPROMISA es la creación de un registro de proveedores mineros, de carácter obligatorio y público, el establecimiento de la obligación para todas las empresas mineras de montos anuales en contrataciones de obras, bienes, insumos o servicios con Proveedores Locales.
Por otra parte propone la creación de una autoridad de aplicación, una comisión tripartita de seguimiento y control formada por el Estado, un organismo público, y CAPROMISA como organismo independiente, así como el establecimiento de infracciones y sanciones a las empresas que no cumplan con lo que se legisle.