El grupo de profesionales que participó del encuentro estuvo integrado por la Jefa del Sector de Salud Mental Dra. Isabel Ortiz y la Lic. Marcia Freddo entre otros; mas alla que no trascendieron mayores datos porque el Juez que entiende en la causa notificó a algunos actores sobre la imposibilidad de efectuar declaraciones pública, se supo que harán una nueva presentación este martes y que hubo algunos avances "positivos".
Quienes fueron notificados de un posible apercibimiento en caso de proseguir con las declaraciones públicas han sido, entre otros la Dra. Andrea Perez Secretaria General de APROSA, el Dr. Gustavo Sosa y la Lic. Marcia Freddo. Mientras en Río Gallegos se llevaba adelante la reunión, un grupo de trabajadores esperó el desenlace de la misma en el Hospital. Fue Luis Rodriguez trabajador del Hospital Zonal quien confirmó a través del programa Hora de Brujas las notificacinoes que recibieorn los profesionales mencionados.
También quienes hicieron público un pronunciamiento marcando postura en relación al tema, han sido los Trabajadores Sociales de Caleta Olivia, nucleados en el Consejo Profesional de Graduados en Trabajo Social de la Provincia De Santa Cruz, sito en Río Gallegos, "expresamos nuestro pronunciamiento ante la situación de público conocimiento que refiere al abordaje realizado a los pacientes de Salud Mental de nuestra localidad".
Es sabido que en Abril de 2013 aconteció una triste tragedia, en la que perdió la vida nuestra querida colega, la Lic. Celia Vicari, quien realizando tareas de asistencia, fue asesinada por un paciente externo, del área de salud mental del HZCO.
En el mes de agosto, en los medios de comunicación local ha sido publicada una noticia que deja entrever la disputa entre la Justicia y el mencionado nosocomio acerca de quién continuará la atención y cuidados que requiere el paciente.
Es en este punto y en el marco de la Ley de Salud Mental N° 26.657, que las/los profesionales de Trabajo Social planteamos la necesidad de un debate profundo acerca del actual estado de la salud mental.
Entendemos que la misma se estructura como un proceso determinado por variables culturales, sociales, históricas, económicas, biológicas y psicológicas. Su cuidado y mejoramiento se relaciona estrechamente con el cumplimiento de Derechos Humanos y Sociales de Orden Universal.
Por lo tanto, cada persona con padecimiento mental, cuenta con derechos claramente reconocidos en la reglamentación mencionada anteriormente, como por ejemplo: derecho a la atención sanitaria y social con carácter integral, gratuito, igualitario y equitativo; derecho a conocer y preservar su identidad y sus grupos de pertenencia; derecho a recibir tratamientos que no limiten sus libertades y derechos; derecho a que se promueva su integración familiar, comunitaria y laboral; derecho a no ser discriminados por su padecimiento mental; entre otros tanto de no menor importancia.
Es por este motivo que consideramos indispensable y urgente el real cumplimiento de lo establecido por la Ley 26.657, en su Artículo 11º, en el que se plantea la coordinación de las áreas de Salud, Educación, Desarrollo Social, Trabajo, Vivienda, entre otras que aporten acciones a favor de la inclusión social de los sujetos con padecimiento mental. Además insta a la creación de dispositivos intermedios, desde un abordaje comunitario, como: atención domiciliaria, apoyo a grupos familiares y comunitarios, áreas de promoción y prevención, instituciones de formación, casas de convivencia, hospitales de día, cooperativas de trabajo, por mencionar algunos ejemplos.
En nuestra localidad aún no se implementa ninguno de ellos. Aun cuando el HZCO cuenta con un área de Salud Mental, la cual recibe diversas demandas diarias, la implementación de un abordaje comunitario se ve seriamente limitada debido a las ausencias y falencias mencionadas, incluyendo la falta de profesionales del Trabajo Social.
A su vez, el Artículo 15º de la mencionada ley, deja claramente expresado que las internaciones no pueden responder a necesidades vinculadas a problemáticas habitacionales o sociales, debido a que el Estado debe proveer recursos adecuados a través de sus instituciones.
Consideramos que el poder político debe incluir en su agenda, el abordaje de estas problemáticas que implican una innegable relevancia social, dado que la población con problemas de salud mental, no cuenta con ningún tipo de política social específica, de carácter integrador e inclusivo. En reiteradas oportunidades, estas personas llegan a distintos servicios sociales, solicitando recursos que garanticen mínimamente su subsistencia; el abordaje brindado es deficitario por falta de articulaciones o puesta en marcha de redes, debido a la ausencia de entidades responsables.
Es por todo lo expuesto, que consideramos que el debate enfocado en un individuo y una acción, limita el crecimiento institucional y comunitario que es tan necesario promover. No se trata de responsabilizar a una persona por sobre un sistema. Es este sistema de Salud el que debe garantizar la implementación de una Ley Nacional que rige desde el 25/11/2010 y que requiere de decisiones políticas que garanticen presupuesto y recursos tanto institucionales como aquellos destinados a la incorporación de profesionales y personal formado y capacitado para trabajar en esta área.
De este modo, en tanto profesionales organizados y movilizados en función de la defensa de nuestros espacios de incumbencia e intervención profesional, planteamos nuestro posicionamiento ético-profesional en pos de la exigencia de la pronta acción política de quienes comparecen responsables de la implementación y aplicación de la ley, así como de todos aquellos actores sociales (funcionarios o no) que, en connivencia con el poder de turno, hacen caso omiso de su compromiso y responsabilidad social inherentes. (Fuente: Voces y Apuntes)