El proyecto, aprobado con 39 votos a favor y 22 en contra, declara de interés público la protección de las participaciones accionarias del Estado nacional que integren el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), donde el Estado nacional sea socio minoritario. Se trata de participaciones accionarias en 46 empresas, en 27 de las cuales el Estado tiene directores, que pasaron a la órbita pública con la estilización de las AFJP y que administra la Anses a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Estos activos solo podrán transferirse con la previa autorización del Honorable Congreso de la Nación, por una mayoría especial, es decir mediante la votación de las dos terceras.

Al término de la sesión, el representante en la Cámara Alta de la Provincia de Santa Cruz, Alfredo “Freddy” Martínez se refirió al proyecto y explicó que: “El Fondo de Garantía de Sustentabilidad debe servir para lograr la máxima rentabilidad de las inversiones y para garantizar el bienestar de los jubilados, presentes y futuros. El atropello, el apuro y la falta de diálogo, por parte del oficialismo, sobre un proyecto de estas características, nos hace dudar sobre cuáles son los verdaderos intereses que esconde este proyecto.
Por eso hemos presentado un dictamen en minoría manifestando nuestra preocupación, ya que entendemos que, con la conformación de la ANPEE y del nuevo órgano consultivo, se está burocratizando el manejo del FGS en desmedro de su objetivo primario, el de mantener el valor de sus acciones como resguardo ante futuros desequilibrios financieros. Con esta ley la ANSES sólo podrá vender las acciones que posee de empresas privadas a través de una mayoría parlamentaria especial e inconstitucional. En el caso del FGS hablamos de $61.915 millones de títulos emitidos por 46 empresas al cierre del primer semestre. La cartera de acciones en empresas privadas representa el 11.6 %, de un total de $532.838 millones de pesos del FGS, dejando gran parte del dinero por fuera de la órbita del Congreso Nacional”.

En otro tramo de sus declaraciones el Senador radical Alfredo “Freddy” Martínez se refirió a la conformación de la nueva agencia y manifestó que: “Este es otro de los puntos que nos hace mucho ruido porque el Poder Ejecutivo podrá nombrar 3 de los 5 directivos de la agencia. Con lo cual el Gobierno, teniendo en cuenta que el mandato que se establece es de 4 años, tendrá garantizada la mayoría, independientemente de quien gane las elecciones. No parece razonable que el oficialismo avance en este tipo de proyectos a 100 días de cambiar de gobierno, con mayorías que harán difícil remover directores con mandatos por cuatro años y con opción a cuatro más”.

Para finalizar el Senado Nacional Alfredo Martínez concluyó que: “ A pesar de que el Congreso Nacional debería tener injerencia para velar por la plata de los jubilados, esta ley no hace más que burocratizar las decisiones afectando las mismas por cuestiones operativas. El proyecto condiciona a las futuras administraciones porque determina que para la comercialización de esas acciones se necesita del aval de dos tercios de los miembros del Congreso.
En la sesión de ayer, hemos escuchado hablar poco de nuestros jubilados, a pesar de que el fin último de este proyecto sea, al menos en apariencia, defender sus intereses”.