El doctor Ignacio Galiano, junto a varias personas más, fue imputado como autor del atentado a la Justicia ocurrido el 26 de julio pasado.

Según informó la fiscal Itziar Soly, las pruebas recolectadas en el marco de la investigación, han sido suficientes como para sostener la acusación del abogado, quien ya fue notificado de la causa.

Galiano, en un intento de defensa, habló con un medio periodístico y negó cualquier grado de participación.

De todas formas, tanto la Fiscalía como el juzgado que ahora tiene la causa, mantienen un sigiloso hermetismo.

“Nosotros le solicitamos al juez Igoldi una serie de allanamientos en función de la investigación que se hizo, que estaba a cargo del Ministerio Público Fiscal inicialmente porque no había autores identificados, junto con la Comisión Investigadora”, remarcó la fiscal en diálogo con la prensa.

“Se hizo un trabajo muy intenso de dos meses y medio, y una vez que se obtuvo información detallada de este trabajo, ellos (la comisión) presentaron un informe definitivo con un montón de pruebas, y por ello hicimos nosotros una presentación en el juzgado con toda la prueba presentada y la identificación de presuntos autores”, agregó.

Aunque todo es materia de información y la Fiscalía se negó a dar cualquier información vinculada con el móvil del atentado, alguna fuentes extraoficiales dieron cuenta que Galiano podría haber tenido una participación indirecta, pero responsable al fin, debido a una de las causas de corrupción de menores donde él ejerce la defensa de uno de los imputados.

“Las personas detenidas están imputadas en el mismo hecho, un uniformado también, pero no voy a brindar más información porque la investigación tiene que seguir y nosotros dijimos, desde el comienzo, que íbamos a ser muy severos en la información que se difunde, porque la investigación así lo amerita”, dijo la fiscal.

Del motivo del atentado al edificio de los Tribunales, la fiscal remarcó que “es también materia de investigación y tampoco lo vamos a informar, por ahora”.

De todas formas, desde la Fiscalía destacaron que, conjuntamente con los allanamientos, la titular de la UFT 3 solicitó detenciones de los presuntos imputados; en ese marco fueron privados de la libertad tres individuos por haberse resistido al accionar policial en el desarrollo de las mencionadas medidas. Entre estas personas, se encuentra un oficial de la Policía de Río Negro.

En los allanamientos dispuestos en Viedma y Carmen de Patagones, los resultados fueron “positivos” y arrojaron el secuestro de gran cantidad de material informático y de telefonía celular sobre el que se solicitarán pericias a los fines de continuar avanzando en la investigación.

También se secuestraron bidones con combustible, que serán peritados por profesionales en la materia.

El abogado se defendió de las imputaciones
El abogado Ignacio Galiano aseguró “no tener nada que ver con ese hecho”. “Es más fácil ensuciarme a mí que estoy en el ojo de la tormenta, siempre, porque me quieren sacar del medio porque necesitan hacerlo por la causa Karen. No hay problema, estoy a disposición de la Justicia”, remarcó Galiano, defensor de uno de los imputados por la muerte de la joven.

“Siempre me han encontrado y notificado en el estudio jurídico que tengo en calle Belgrano 181”, enfatizó Galiano en diálogo con FM El Rayo, que reprodujo el portal Lo Principal.

“Nací en la ciudad de Carmen de Patagones y ahí tengo mi familia, mis hijos, mis sobrinos y hermanos, no tengo necesidad (de obstaculizar las actuaciones judiciales) y si la Justicia entiende que me tengo que quedar demorado.soy abogado puedo apelar las resoluciones”.

Agregó: “Si la doctrina se aplicó bien para Juan Bernardi y los otros pedidos procesales, entonces soy un ciudadano que merezco las mismas garantías”.

“Estoy cansado que yo sea única persona que no se aplica en Viedma el principio de inocencia, cuando hablan de Ignacio Galiano, es culpable, hasta que se demuestre que es culpable, pero es al revés”, finalizó.

El hecho que generó la investigación
El episodio tuvo lugar en la madrugada del domingo 26 de julio. Ese día, desconocidos arrojaron un elemento incendiario desde el exterior a las oficinas del Juzgado de Instrucción Penal 4 de Carlos Mussi, provocando serios daños que, por fortuna, no afectaron a la totalidad del edificio de Tribunales.

Destrozos
Producto del atentado, enorme cantidad de expedientes fueron alcanzados por el fuego, pero gracias a las reservas informáticas y a las copias enviadas a las partes, se pudieron rearmar cada una de las causas que tramita ese juzgado en particular.