Cuando finalice su mandato, el 10 de diciembre, el gobernador Jorge Sapag se habrá ido dejando atrás cinco proyectos de ley que no pudieron ser.

Tiempos políticos, falta de acuerdos o simplemente cambio de prioridades hicieron que la provincia no tenga una ley de economía social, un registro único de trabajadores o un nuevo régimen de responsabilidad social empresaria. Tampoco habrá podido elevar al rango de ley la protección ambiental en la explotación de no convencionales, ni endurecer la prisión preventiva en el nuevo Código Procesal Penal. Las cinco iniciativas fueron presentadas por el gobernador en su último mandato y, pese a que algunas tuvieron avances en la Legislatura, ninguna logró ser sancionada.

Dos están directamente ligadas al sector hidrocarburífero. Sapag presentó en marzo del 2014, luego de anunciarlo en la apertura de sesiones, la creación de un régimen de "valor compartido" para las empresas en reemplazo de la Responsabilidad Social Empresaria. El proyecto nunca fue debatido por el "lobby" de las operadoras, según advirtió meses atrás el diputado Luis Sapag (MPN). La iniciativa pretendía que las operadoras elaboren anualmente un plan de responsabilidad social, ambiental y comunitaria (Resac) con carácter de declaración jurada que tuviera en cuenta el cuidado medioambiental, la promoción de la economía social, el desarrollo de infraestructura comunitaria, entre otros.

Otro que también se frustró fue el régimen de protección ambiental para la exploración y explotación de reservorios no convencionales. El proyecto pretendía elevar a rango de ley lo que había sido establecido por decreto en 2012 en cuanto a los usos del agua, y agregaba otros requisitos para las petroleras como la obligación de una licencia ambiental.

En los cajones de la Legislatura también quedarán dos leyes laborales que llevan la firma del gobernador. Una promovía la economía social y solidaria en la provincia –la vicegobernadora Ana Pechen pidió su tratamiento a la próxima Cámara– y la otra creaba un Registro Único de Trabajadores (Ruprot) para ayudar a la inserción en el mercado laboral de trabajadores desocupados y mejorar las condiciones de los actualmente en actividad. Ambas fueron presentadas en el 2013.

La que tuvo mayor repercusión, pero no consensos, fue la modificación al Código Procesal Penal para endurecer la prisión preventiva. A casi dos años de haber sido presentada, tomó estado público nuevamente días atrás con un pedido del intendente de Rincón de los Sauces, Marcelo Rucci, para que sea aprobada. El proyecto está en manos de la comisión interpoderes, encargada del seguimiento de la reforma procesal.(Rionegro.com.ar)