A pesar que los organismos de protección coincidieron que el pequeño de tan solo seis años es objeto de violencia y que este traslado lo coloca en una situación de riesgo, la jueza de familia dio curso a la restitución a Buenos Aires, su provincia de origen para que pueda compartir vida con su padre.

A pesar que los padres del pequeño se separaron en el 2012, los hechos de violencia por parte del padre de la familia, continuaron y se incrementó el acoso y hostigamiento, hasta que un año después, un juzgado estableció una restricción de acercamiento.

Dos años después, la madre del niño, Adriana optó por quedarse a vivir en El Calafate, situación que no fue recibida de buen agrado por el padre del niño, que solicitó a un jugado de la provincia de Buenos Aires el retorno del menor a su lugar de origen. Pero, al mismo tiempo amenazó a buscar a su pequeño y llevárselo a la fuerza.

Ante la amenaza del exesposo de viajar a El Calafate, la mujer se presentó en el juzgado de familia de la villa turística, exponiendo su caso. Una de las primeras medidas de la jueza Florencia Viñuales fue ordenar entrevistas psicológicas tanto del niño como de la mujer, en donde quedaron demostrados claros indicadores de estar bajo un clima de violencia.

La oficina de la Niñez tomó intervención en defensa de los derechos del niño y se confeccionaron informes que demostraban que el menor era víctima de violencia y que no quería tener contacto con su padre, ni siquiera por teléfono.

JUSTICIA INCOMPETENTE
Transcurridos ocho meses, la jueza se declaró incompetente en lo que respecta a la denuncia de violencia radicada por Adriana, porque los hechos ocurrieron en otra jurisdicción y al mismo tiempo, el Juzgado 11 de Lomas de Zamora avanzaba con el exhorto para que la jueza local ejecutara la restitución del menor, consistente en que el chico debía volver a su provincia.

Si bien, la Defensoría Oficial y la Oficina de la Niñez se opusieron debido a los informes confirmaban que el niño es víctima de violencia e indican el alto riesgo para su seguridad al volver con su padre, la jueza evaluó el tema de manera diferente y ejecutó la orden del juez Marcelo Brizuela del juzgado 11 de Provincia de Buenos Aires.

La oficina de la Niñez, liderada por la Secretaria Norma Costa opina que una vez más, la justicia puso por encima los intereses de los adultos que los del menor, sin respetar los derechos y la seguridad de este último.

IRREGULARIDADES
En una entrevista con un medio local, Adriana detalló supuestas irregularidades cometidas por funcionarios judiciales: “Mi hijo sale –de la Cámara Gesell- y cuenta, delante de Norma Costa (funcionaria de Niñez), que la licenciada psicóloga Paula Marrone le había dicho que su padre ahora era bueno, que no le iba a pegar más y convenciéndolo que iba a ir a Buenos Aires solo a visitar a sus familiares, lo cual era mentira”, señaló la mujer.

Además dice que el menor era influenciado con los dichos sobre que su papá era bueno y le había llevado muchos regalos.
Por si fuera poco, Adriana enfatizó que tiempo después se enteró que una de las empleadas del juzgado es prima hermanada de su ex, sospechando que el hombre tenía beneficios como acceso directo a informaciones de la causa.

“Si la jueza Florencia Viñuales se declara incompetente a la hora de proteger a un menor, debe declararse incompetente para manejar un juzgado. Y La licenciada Paula Marrone mintió en sus informes. Esa gente no puede seguir estando ahí porque sigue vulnerando el derecho de los menores, porque el menor no puede defenderse”, dijo la mujer. (Ahora Calafate)