Mediante esta iniciativa, la Cámara de Diputados adhirió en todos sus términos al Proyecto de Ley S-914-16 presentado en el Honorable Senado de la Nación por el Senador Pedro Guillermo Ángel Guastavino, en el cual propicia la Declaración de Emergencia Ocupacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días, poniendo de esta forma un freno temporal a los despidos de los trabajadores tanto en el ámbito público como privado.

En los fundamentos del proyecto, la diputada Alonso comenta que el proyecto aludido plantea la suspensión de cualquier medida que, sin justa causa, interrumpa la relación laboral del trabajador del ámbito público o privado de que se trate; declarar la nulidad de cualquier acto administrativo que signifique la desvinculación de un trabajador y en caso de incumplimiento, la posibilidad a favor del empleado despedido de gozar de una indemnización doble, todo esto mediante la sustanciación de las acciones para la protección del empleo en contra de los despidos ante la Justicia.

Asimismo, se propicia la constitución de una Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia Ocupacional, la cual recabará la información relevada referida al empleo, atenderá las situaciones particulares que se planteen durante la vigencia de la emergencia y propondrá la sanción de legislación tendiente a paliar los efectos de la emergencia propiamente dicha.

En este marco, en los fundamentos de la iniciativa se destaca que entre 2003 y 2015, se crearon miles de puestos de trabajo, llevando la tasa de desempleo a menos de dos dígitos, convirtiéndose en la menor de los últimos 30 años.

Sin embargo, en los últimos meses se han producido despidos masivos tanto en el ámbito público como en el privado, situación que ha puesto en estado de alerta a las entidades gremiales de los sectores más importantes de la economía.

Particularmente en el sector público y ante la premisa de “achicar el Estado” se han producido despidos por causas injustificadas, pareciendo que la calificación y experiencia no fueran motivo de revisión a la hora de tomar decisiones, como si los trabajadores fueran el eslabón más débil en la cadena de valor, y por el contrario, se analizan con frialdad los números de, por ejemplo, costos para continuidad o asignación de obra pública.
Por ello, y ante los recientes embates que sitúan al trabajador en un lugar de debilidad extrema y desigualdad, es que se considera apropiado apoyar la iniciativa en cuestión.