El conflicto se debe a que el gobierno provincial adeuda aproximadamente 7 millones de pesos a la empresa Cuenca Seguridad SA, que tiene a su cargo 47 empleados prestando servicios en dependencias del organismo vial, según lo indicó el representante administrativo y legal del gremio, Carlos Manzanelli.
El dirigente precisó que es una deuda acumulada de siete meses y que a su vez Cuenca debe 4,4 millones de pesos en sueldos y aportes previsionales.
Paralelamente, denunció que la oferta que hace Vialidad Provincial es incorporar a los 47 trabajadores a su ámbito, "pero no de manera directa sino por intermedio de una cooperativa", lo cual implicaría que sus haberes (bajo la condición de monotributistas) quedarían reducidos a unos 8.500 pesos.
"Esto significaría llevarlos a una precariedad laboral, teniendo en cuenta que por medio del último convenio colectivo de trabajo les corresponde cobrar a partir de julio la suma de 15.000 pesos y, por otro lado, quedarían sin representación gremial al quedar como monotributistas", precisó.
En consecuencia, Manzanelli calificó tal ofrecimiento como "extorsión", ya que "les ofrecen seguir trabajando, pero destruyendo sus salarios y garantías legales y constitucionales".
Al respecto, citó que una instancia similar sucedió con 30 vigiladores de la empresa Infante de Río Gallegos, quienes prestaban servicio en varios hospitales públicos. "El Estado, que era deudor de esa empresa, los pasó a una cooperativa" y "la misma suerte correrían 80 vigiladores de Godfrid", advirtió.

"DE DUDOSO ORIGEN"
A su criterio, "acá existe un acuerdo irregular entre la gobernadora, la ministro de Salud de Santa Cruz y los que manejan estas cooperativas de dudoso origen, ya que se puede observar que siendo el Estado provincial siempre el deudor, al no abonar la deuda con las empresas de seguridad obliga en cierta forma a los vigiladores, ante el riesgo de quedarse sin trabajo y no percibir nada, a que sean absorbidos por estas cooperativas.
"En el caso de Cuenca SA tenemos involucrada a Validad Provincial, quien es solidariamente responsable por los trabajadores de seguridad, pero a su vez es una institución dependiente del Estado de Santa Cruz, por lo que sus intereses (también como deudora) inclinarían la balanza a favor de la Provincia", puntualizó.
"Por si esto fuera poco -acotó-, tenemos el caso de los funcionarios de la Subsecretaria de Trabajo que están más interesados en mantenerse en sus puestos que en aplicar las leyes laborales en defensa de los trabajadores. Esta Subsecretaria es funcional al Poder Ejecutivo.Seguramente tiene intereses oscuros, ya que no por nada se mantiene en un estado vegetativo y abstencionista".
Por último, dejó en claro que "vamos a luchar hasta las últimas consecuencia y no vamos a quedarnos de brazos caídos como gremio, mientras el Estado Provincial pretende pisotear a los trabajadores". (El patagónico)