El fiscal subrogante a cargo de la fiscalía de la Cámara Oral, Antonio Chan mantuvo la acusación contra Hugo Barrera de 54 años, dado a que entendió que había pruebas suficientes que acreditaron que el imputado fue el autor del homicidio contra Darío Oyarzo.
Fundamentó su alegato con las pruebas que aportó la Policía entre ellas el arma blanca, cuchillo, que tiró Barrera en un baldío, la cual tenía restos de ADN tanto de la víctima como del victimario. Agregando que otra prueba contundente fue la rueda de reconocimiento de personas y la reconstrucción del hecho que fue solicitada por la fiscalía. Pero además reconoció la confesión formulada por el imputado en su declaración ante los jueces.
Siguió expresando que en cuanto al perfil psicológico de Barrera, quien fue entrevistado por los médicos forenses, se determinó que el acusado se adecua a la realidad y se ubica en tiempo y espacio, siempre estando consciente de sus actos ya sea con anterioridad o posterioridad al hecho.
Por todo lo expuesto, Chan solicitó la pena de 13 años de prisión en cumplimiento en efectivo por el delito de: “Homicidio en concurso real con lesiones leves”. Cuando una de las hermanas de la víctima escuchó la pena solicitada, se ofuscó y manifestó: “13 años, va a seguir matando”.
Defensa
Por su parte el defensor oficial Santiago Lozada, representante de Barrera, expuso que: “el acusado al momento de su indagatoria tuvo un reconocimiento del hecho circunstanciado, es decir fue un hecho sencillo”. Ya que consideró que no hubo ningún tipo de circunstancias de que existiera una actividad previa antes de producirse el suceso, es decir: “no solo fue un hecho simple, sino que además fue súbito porque disminuye la intensidad del dolo. Ese hecho súbito se produjo por algo que resulta desconocido, ya que los testigos no pudieron afirmar qué fue lo que ocurrió”.
Por otro lado, manifestó que la confesión de Barrera “fue tan sencilla en la que demostró que así sucedieron los hechos y así se puede construir a lo largo de todo el expediente”, motivo por el cual solicitó que se le aplique al imputado la mitad de la pena, es decir ocho años de prisión.