En el comunicado de prensa se denunció “la profundización de la judicialización de la protesta social”, detallando que mediante “un llamado telefónico de un integrante de la Gendarmería Nacional, con asiento en la ciudad de Rio Gallegos, informo a los dirigentes de ATE Santa Cruz que debían notificarse acerca de una causa que se les abrió por hallarse protestando en la Ruta Nacional Nº 3”.
Ante este pedido desde la organización sindical se respondió que “tanto Garzón como Reinoso se encuentran en Viedma Rio Negro debido a la marcha patagónica del 7 de junio que exigirá el desprocesamiento de los dirigentes Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti que estuvieron presos y quedaran en libertad el sábado pasado”, pero la respuesta de la Gendarmería fue “entonces, al no notificarse, liberaría un pedido de captura para los dos dirigentes sindicales”.
Los hechos que se investigan se encuentran tipificados en el artículo 194 del Código Penal Argentino y se encuentran vinculados a las protestas realizadas por los trabajadores estatales de la provincia de Santa Cruz sobre el corte de la ruta Nacional Nº 3 acceso norte a la Ciudad de Río Gallegos durante 11 días en el mes de mayo. En ellos se acusa a nuestros dirigentes de obstruir la libre prestación de los servicios públicos.