El operativo se registró justamente en medio de un convulsionado clima social ya que los trabajadores que reclaman por la llegada de esos fondos de manera urgente habían sido reprimidos por la policía y apremiaba el tiempo para que se restableciera la paz social.

En el edificio solo se hallaban algunos funcionarios de jerarquía, entre ellos el concejal Javier Aybar, a cargo del Departamento Ejecutivo, y la secretaria de Hacienda, Marta Sanzana.

Hubo varias lecturas políticas por ese operativo y una de ellas la hizo desde Río Gallegos el ministro de Gobierno, Fernando Basanta, quien en declaraciones formuladas a la FM Frecuencia Patagonia dijo que “nos llama la atención que en el momento en que se hace esa transferencia, se ejecuta un allanamiento dictado por la Justicia federal al municipio de Caleta Olivia”.

“Los funcionarios federales que están realizando el allanamiento impiden que se haga la trasferencia a las cuentas de los empleados municipales y de esta manera se solucione la situación de los pagos de salarios” sostuvo el jefe de la cartera política cuando se llevaba adelante ese operativo.

Precisó además que la orden provenía de una jueza porteña (del Juzgado 42 de Buenos Aires) y que se debía “a una de las denuncias contra el intendente Facundo Prades “, por el caso de los terrenos vendidos –supuestamente en forma irregular- a empresarios chinos.

NACION NO AYUDA

Basanta también aseguró que pidió a los funcionarios judiciales actuantes que garantizaran “el normal funcionamiento del municipio para poder efectivizar el pago de salarios”, ya que “los empleados no tienen por qué esperar todo el fin de semana para cobrar una parte del sueldo”.

Luego reparó que “la Provincia está sola asistiendo a Caleta Olivia”, en tanto que Nación “no tiene ningún deseo de brindar esta ayuda como en algún momento lo supo hacer”.

“Todo es más complejo en este sentido para acortar los tiempos de asistencia, pero la voluntad está y lo decimos, más allá de las diferencias que tenemos con Eduardo Costa, a quien le pedimos que arbitre los medios para ayudar a Caleta”, puntualizó.

Respecto al aporte que hizo la Provincia, dijo que la asistencia fue de 30 millones para trabajadores de planta permanente y otros 12 para los de planes sociales.

Aseguró que los fondos se habían concedido a última hora del miércoles y se esperaba que se acreditaran ayer a hora temprana, pero el allanamiento realizado por la Justicia federal alteró el procedimiento administrativo bancario. (Fuente: El Patagónico)