Los trabajadores de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) vienen enfrentando
desde hace al menos dos años despidos y ataques a sus condiciones de trabajo. En 2016
fueron despedidos 79 trabajadores, 4 en 2017 y solo en lo que va de 2018 más de 500
trabajadores. Este ataque se encuentra en el contexto de un brutal ajuste sobre el
conjunto de la clase obrera.
La empresa YCRT carece de una figura legal definida, ya que es una empresa
concesionada por el estado a un privado y cuyo concesionario hace 16 años fue
intervenido ante graves irregularidades y un clamor popular en la cuenca, por el propio
estado.
Incluso después del crimen social que fue la muerte por asfixia de 14 mineros en un
incendio en el año 2004 (lo que derivó en una ampliación de los planes de inversión y
en la concreción de la licitación para la usina) ninguna de las gestiones políticas ha
fijado con claridad una estructura legal, y la aprobación de una figura legal con media
sanción de diputados en diciembre de 2015, no fue refrendada por las mayorías de la
Cámara de Senadores, con lo que se volvió a fojas cero.
El plan de achicamiento en el Yacimiento se ha puesto en marcha con la designación del
Sr. Omar Zeidán, como Interventor. El boicot al proyecto de una carboeléctrica estatal,
se expresó primero en la paralización de las obras de la usina que debería consumir el
carbón, cuando uno de sus módulos está casi terminado; Luego con la separación de la
usina y la mina en unidades económicas distintas, lo que prepara la privatización de la
usina que es la parte rentable del negocio.
Este plan de la Intervención se acopla al plan de ajuste del gobierno nacional reforzando
los despidos y el ataque a los trabajadores en la provincia. En Santa Cruz los despidos
se extienden también a los petroleros y los salarios congelados abarcan a toda la
provincia, a través del Pacto Fiscal firmado por el gobierno provincial y ahora bajado a
todos los municipios. Los empleados estatales de Santa Cruz se encuentran en alto
porcentaje por debajo de la línea de la pobreza.
En lo que va de 2018 este ataque cobró un impulso criminal que afecta severamente la
economía de las localidades de Río Turbio y 28 de Noviembre que viven de la actividad
carbonífera. La producción minera en estas localidades emplea cerca de 3 mil personas.
Por eso, los trabajadores que vienen enfrentando los despidos y el vaciamiento de la
mina cuentan con el apoyo de toda la comunidad de ambas localidades.
El actual ataque que sufren estas comunidades, fue avalado y profundizado por el
Presupuesto 2018 que se aprobó en el Congreso con el voto de los bloques con
representación mayoritaria en la Cámara de Diputados y Senadores. Este le otorga $
3.435 millones a la actividad, casi 800 millones menos que en 2017. Una suma de
dinero que no alcanza para cubrir los sueldos y jubilaciones, que en 2017 demandaron
poco más de $ 3.800 millones. Este golpe a la permanencia de la empresa y de sus
trabajadores debería ser revertido con la aplicación de partidas presupuestarias
compensatorias

La situación de los trabajadores de Río Turbio es un claro ejemplo de una orientación
que busca defender la ganancia capitalista a costa de un brutal ataque a las condiciones
de vida de toda la población trabajadora.
Desde nuestra banca, acompañamos incondicionalmente la lucha de los trabajadores y
pondremos todo nuestro esfuerzo para el triunfo de los reclamos planteados.
Repudiamos el despido de al menos 500 trabajadores de Yacimientos Carboníferos Río
Turbio (YCRT). Los mismos se enmarcan en un plan de ataque del gobierno nacional al
conjunto de los trabajadores en general y a trabajadores de distintos sectores del Estado
en particular como es el caso del INTI, SENASA, YCRT, UEP, INTA, Fanazul,
Hospital Posadas.
Repudiamos el pedido del coordinador Sergio Lumacchi, designado como coordinador
de YCRT por parte de la intervención de Omar Faruk Zeidán, de solicitar 200 efectivos
de Gendarmería al jefe del Escuadrón 43 de Gendarmería Nacional, para amedrentar a
los trabajadores frente a sus justas acciones de lucha.
Exigimos al gobierno nacional de Mauricio Macri, la anulación de los despidos y el cese
de las presiones para lograr engañosos “retiros voluntarios”, así como la reactivación de
las obras de la usina termoeléctrica y su puesta en marcha a la brevedad en el marco del
absoluto respeto a los convenios colectivos de trabajo. Lo contrario afectaría
gravemente la realización de tareas fundamentales para el desarrollo energético del país.
Manifestamos incondicional solidaridad con la lucha los trabajadores de YCRT que se
movilizan masivamente y que ya llevan seis días de acampe en boca de mina y
ocupación pacífica de los sectores de trabajo, en rechazo a estos despidos y a la
denuncia de los convenios colectivos de trabajo, entre ellos el 03/75, dictaminados por
el interventor del gobierno nacional, Omar Zeidán.