En la misma semana que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, habló sobre la necesidad de "cambiar el paradigma" en esta materia y defendió al policía Luis Oscar Chocobar, el efectivo que a fines del año pasado abatió a un delincuente que había atacado con 10 puñaladas a un turista en el barrio de La Boca, el Ejecutivo avanza para endurecer su política migratoria y acelerar la deportación de los extranjeros que cometan delitos, los reincidentes y prohibir el ingreso de aquellos que ya tengan una causa judicial abierta en el país.

Así, el Gobierno suscribió un protocolo de acción con seis provincias: Salta, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, La Pampa y Santa Cruz. "La idea es ofrecerles a los actores fundamentales de los procesos de de decisión, que son los Procuradores, las herramientas que tiene Migraciones, que son muchas. Todos los fiscales con causas con extranjeros en conflictos con la ley nos pueden pedir información. Nosotros tenemos todo en nuestras bases de datos y en tiempo real", señaló a Infobae Horacio García, director de Migraciones.

A las provincias mencionadas se suma Buenos Aires, que suscribió el mismo acuerdo a finales de enero de este año.

La idea de la Rosada es avanzar con todos los procuradores de las provincias y las justicias provinciales en un protocolo "que permita generar procesos de información más fluidos" para acelerar la deportación de extranjeros que ingresan a la Argentina con antecedentes penales en sus países. Y también avanzar en la erradicación de inmigrantes que tengan condena firme.

Este convenio fue suscripto entre el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; la dirección de Migraciones; representantes del Consejo de Política Criminal de la República Argentina y el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina.

(Infobae)