Si bien no hubo necesidad de desalojo, por solicitud el Juzgado de Familia, el Municipio intervino en un operativo de relevamiento en una pensión no habilitada donde residían 15 adultos mayores. Siguiendo las normativas vigentes, el edificio, ubicado en calle Zapiola, fue clausurado hasta tanto el propietario cumpla con las normas y las condiciones necesarias para continuar con el rubro, preservando primordialmente la integridad de las personas”.

Inspectores de la Dirección de Comercio, en el marco de la aplicación del protocolo de Intervención acordado en CO.MU.DAM; relevaron y clausuraron una pensión Irregular ubicada en calle Zapiola al 1400 de esta ciudad capital.
El operativo se realizó tras una denuncia realizada en la Defensoría Pública Oficial, y la intervención del Juzgado de Familia. El área de Comercio respondió al oficio enviado por el magistrado donde se solicitó que el Municipio realice un relevamiento en el lugar.

El director del área Miguel Dabbraccio, informó que “el lugar contaba con instalaciones en buenas condiciones edilicias y de higiene general; pero no todas las requeridas legalmente por las normas municipales como matafuegos, servicio de área cobertura médica, seguros de RC, escaleras seguras, botiquín de primeros auxilios, señalización de salidas, salida de emergencia, etcétera. Es decir que no está en condiciones para ser habilitado por el momento, si bien son cuestiones que podrían ser subsanadas si el titular desea continuar con el rubro y los organismos pertinentes autorizan”.

El trabajo se realizó con inspectores del área de Comercio, acompañados por el director de Desarrollo Comunitario del Municipio, Eduardo Murúa, una trabajadora social, inspectores de la Sub Secretaria de Trabajo y personal del RENATRE.
El director agradeció la colaboración de la Regional Zona Sur y la Comisaría Sexta, además del apoyo de otras áreas del protocolo como, Acceso a la Justicia; Políticas Públicas, Defensoría General, PAMI, Juzgado Municipal, Ministerio de Desarrollo Social, etc.

Dabraccio Indicó también que, “en el lugar se encontraban diez residentes, algunos desde hace unos 15 años”, razón por la cual el lugar no fue desalojado momentáneamente hasta tanto los organismos correspondientes analicen cada caso en particular”.
“Si bien se colocaron fajas - explicó Dabbraccio- y se labraron varias actas de infracción, se dejaron libres las puertas de acceso y egreso. A partir de este momento se disparan los mecanismos del protocolo, lo que significa que los adultos mayores están siendo monitoreados por distintas áreas (Salud, Juzgado, Comercio, asistentes sociales, Desarrollo Social, entre otros)”.

“En los próximos días se verá si esta gente debe ser trasladada o reubicada, a simple vista ninguno tenía una enfermedad grave, la mayoría declaró que se los trataba bien”, remarcó el funcionario. “No es fácil desarraigar a alguien que está hace años en una habitación, para él, es su casa. No es que estaban mal, pero es una pensión irregular y no se ajusta a las reglamentaciones vigentes. Dentro del grupo de 10 adultos mayores había también 3 que, según surge de las actuaciones, serian del área del Centro de Salud Mental, por lo que se está evaluando la permanencia o no de ellos en el lugar.

Finalmente Dabbraccio recordó que, “todas aquellas Pensiones, Hogares, o establecimientos similares que albergaren a Adultos mayores o inquilinos en general, y su titular percibiera un pago en contra prestación del servicio, deben habilitar comercialmente sus instalaciones en la Dirección de Servicios y Contralor de Actividades Comerciales, pues caso contrario al detectarlos serán clausurados, tal como establecen las ordenanzas municipales, a fin de preservar la integridad de las personas”.


Viernes, 16 de marzo de 2018