Eduardo Oyarzo, Daniel Moyano y Diego Andrade, están siendo juzgados desde la semana pasada, por los jueces federales de Santa Cruz, por el delito de: “Comercialización de Estupefacientes”, por una causa que data del 15 de agosto del 2015.

Ayer, se reanudó el debate y las partes escucharon el testimonio de cuatro testigos, y luego los alegatos de la Dra. Patricia Ramallo –representante del Ministerio Público Fiscal-, quien mantuvo la acusación contra los imputados Oyarzo, Moyano, y Andrade, ya que sostuvo que con las pruebas presentadas en el debate quedó probado que todos ejercían el comercio de estupefacientes –marihuana y cocaína”.

En este sentido recordó que la investigación inicio el 26 de junio del año 2014, cuando en la División Narcocriminalidad de Río Gallegos, recibieron un llamado en el que le manifestaron que: “un tal Dani Moyano estaría vendiendo droga en determinadas zonas de la ciudad, junto con dos pibitas y que se movilizaban en una Meriva de color gris”. Tras esa denuncia anónima los investigadores -por orden del Juzgado Federal- iniciaron las tareas de vigilancia y seguimiento a los fines de comprobar la presunta infracción a la ley 23.737 –Tenencia de Estupefacientes con fines de comercialización- por parte de Daniel Moyano.

“En el marco de la investigación se determinó -con el respaldo de imágenes fotográficas- que Daniel Moyano alias: “Gordo”, “Gordito” o “Safari”, trabajaba con chicas -menores de edad-, que eran trasladadas en su Chevrolet Meriva, por diferentes puntos de la ciudad, en donde bajaban con distintos taper, tanto en casas particulares como en comercios, logrando observar el intercambio de cosas, sin poder determinar de qué producto se trataba”, manifestó en su alegato Ramallo.

Para el Ministerio Público Fiscal quedó acreditado el vínculo entre Moyano y Andrade, como así también que Andrade viajaría a Río Gallegos le entregaría la droga a Moyano, para que éste después se la dé a Oyarzo, y éste pueda venderla en distintos puntos de la ciudad, lo que sucedió el día 12 de agosto del 2015.

La fiscal finalizó su exposición, manifestando que “se encuentra probada la materialidad de los hechos, la autoría y la responsabilidad de los imputados”, y solicitó la pena de cinco años por considerarlos autores penalmente responsables del delito de: “Comercio de Estupefacientes”, además le solicitó al Tribunal que en caso de que las personas sean condenadas se ordene la detención inmediata de Andrade, único imputado que esperó el juicio en libertad.