La medida interpuesta está patrocinada por los doctores Gómez Bull y Codino, y es llevada adelante por Claudio Silva en representación del Sindicato de Empleados de Comercio, tiene como fundamentos:
“Venimos a interponer acción de amparo colectivo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional y concordantes de la Ley 16986, contra el Estado Nacional con domicilio en la calle Balcarce 50”, más adelante expresa el documento, que el objeto del mismo es demandar a la justicia para que declare la inconstitucionalidad del decreto 702/2018: “en tanto resulta violatorio al derecho humano de la seguridad social al contravenir la obligación internacional de progresividad, en la protección de los derechos humanos que impide menoscabar los derechos existentes en materia de seguridad social. Al mismo tiempo, resulta violatorio del principio de dignidad de las personas reconocido en el Artículo 11 de la convención americana sobre derechos humanos y preámbulo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, como así también de toda la normativa nacional e internacional, relativos a la protección integral de niños, niñas y adolescentes”.