“Si bien el espíritu de la Ley es bueno, ésta fue creada de manera general, sin tener en cuenta casos particulares, como por ejemplo Río Gallegos, donde las tierras ya pertenecen al municipio, por ende, ¿nación va a expropiarle las tierras donde hay asentamientos a la municipalidad para luego devolvérselas?, es todo muy confuso” sostuvo el edil del FPV, Martín Medvedovsky.

El “Régimen de Integración Socio Urbana y Regularización Dominial”, que cuenta con el respaldo de la alianza Cambiemos en Santa Cruz, en caso de aplicarse, incluirá los terrenos de los barrios Bicentenario I, Madres a la Lucha, Marina y Los Lolos.

“Tendríamos que preguntarle al intendente Roberto Giubetich qué piensa sobre esto, porque así como se aprobó, este plan reemplazará la ineficiencia de
administraciones municipales como la suya que no pudieron, ni pueden resolver la problemática de los asentamientos en nuestra ciudad, pero que, sin
embargo ahora pretenden llevar adelante su urbanización” solicitó el concejal.

Asimismo recordó que los primeros asentamientos de Río Gallegos fueron creados en 2007 bajo la gestión de Héctor Roquel donde el actual intendente Giubetich era funcionario.

“Ahora nos vienen con este plan para eliminar la pobreza, como dijo el senador Eduardo Costa, y uno se pregunta entonces, por qué no le bajan los fondos al intendente para que lleve la luz, el gas y las cloacas y se evitan esta payasada” criticó el concejal quien considera que el proyecto encierra un negocio.

“El gobierno nacional le va a pagar por algo que ya es de la municipalidad.

Hace años que Costa se burla de los que menos tienen y le hace el juego a Giubetich para que se desligue de la obligación que tiene de llevarle servicios a todos los riogalleguenses que se encuentran en estado de vulnerabilidad” sostuvo.

Para finalizar dijo que “la aplicación de la Ley genera muchas dudas porque su implementación no está contemplada en el proyecto de Ley del Presupuesto
Nacional 2019, y todos sabemos que sin presupuesto no se podrá materializar.

Por el momento, lo único que se podrá aplicar es el Artículo 13º, que suspende por dos años cualquier medida y/o acción procesal que conduzca al desalojo, dándole dos años de tranquilidad a los vecinos”.