De manera desorganizada, y tras amagar el jueves pasado, el Ejecutivo finalmente oficializó anoche la convocatoria a sesiones extraordinarias desde hoy y hasta el viernes 21-12, con un pretencioso temario de 40 proyectos. Entre los que más dudas presentan por la poca cantidad de tiempo para debatirlos y sancionarlos se encuentran las iniciativas de financiamiento político y la que apunta a penar a los violentos del fútbol.

En cuanto a la ley antibarras, el macrismo durmió dos años y tuvo que volver a presentar un nuevo proyectos. En tanto, otras iniciativas presentan polémica, como la rápida eliminación -que empujan de manera silenciosa Cambiemos y el PJ- de unos artículos de la ley que regula la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel de diarios.

Desde el Ejecutivo se hizo un uso legítimo de la potestad para dar luz verde a la convocatoria a extraordinarias y mandó un combo de iniciativas que, con seguridad, no podrá ser votado en su totalidad. El problema que tiene Casa Rosada con el Congreso es la débil interacción de los legisladores oficialistas -y algunos jerarcas opositores- con la secretaria de relaciones parlamentarias del Gobierno, Lucía Aboud, persona de confianza de Marcos Peña.

Con el decreto que circuló anoche, Diputados impulsará un triple encuentro en el recinto para la semana que se inicia hoy. La primera sesión no está relacionada con el período extraordinario ya que será la preparatoria, es decir, la que por reglamento se realiza los primeros días de diciembre para renovar las autoridades. En la presidencia será ratificado una vez más el peronista con témpera PRO, Emilio Monzó. También continuarán en sus cargos el vicepresidente primero, José Luis Gioja (FpV-PJ); el vice segundo Luis Petri (UCR); y el vice tercero Martín Llaryora (Argentina Federal).

Una vez finalizada la preparatoria, el oficialismo quiere debatir en el recinto iniciativas sin conflicto entre los bloques, como el aval a la modificación que hizo el Senado sobre Bienes Personales para dejar afuera del tributo a las viviendas-hogar de hasta $18 millones. Este proyecto, además, creará una millonada de fondos que será destinada a compensar a provincias en cuestiones de subsidios al transporte.