Este miércoles comienza el juicio que tiene como imputados y procesados a Alejandro Garzón y Olga Reinoso luego del fatídico 21 de mayo del 2017, auge de la crisis económica en la provincia de santa cruz, ahogada financieramente y castigada por las diferencias políticas del Gobierno de Macri con el Kirchnerismo. ATE Santa Cruz en aquel entonces pedía oxigeno y exigía dialogo entre los dos gobiernos , para resolver la desesperante situación de los trabajadores que no cobraban en tiempo y forma, pero que además sufrían el feroz ajuste, con tarifazos, recortes de programas sociales y falta de reivindicación salarial que impactaba directamente sobre el poder adquisitivo de los estatales.

La represión fue ordenada por el Juzgado Federal de Primera Instancia 1 de Río Gallegos, a cargo del subrogante Aldo Suárez, para “garantizar la libre circulación del tránsito” sobre la ruta. Los trabajadores, hombres y mujeres en total desprotección fueron brutalmente golpeados y reprimidos en un claro mensaje de las fuerzas federales que ya había actuado de igual manera a lo largo y ancho del país reprimiendo cualquier manifestación popular. La criminalización de la protesta y la represión mediante las fuerzas federales ya eran una política de estado.

Por aquel entonces la Nación rechazaba el pedido de ayuda de la gobernadora Alicia Kirchner y lo supeditaba a un plan de ajuste de las cuentas provinciales, además de exigir despidos para equilibrar al fisco y negar toda posibilidad de endeudamiento, los trabajadores seguían siendo la variable de ajuste, y la masa de la administración pública, ex ley 591 aunados en ATE Santa Cruz no resistía mas, por lo que el corte de una ruta federal fue el ultimo recurso en un llamado desesperante a las autoridades políticas que abandonaban el único motor de trabajo y sostén económico de nuestra Santa Cruz: el trabajador estatal.-

Hoy la síntesis de ese pensamiento, de esas manifestaciones y de quienes se pusieron al frente en aquel entonces de la defensa del sector popular es este juicio sin justificación contra Alejandro Garzón y Olga Reinoso, máximos referente de los estatales en la provincia.