La ONU envió una carta al gobierno de Mauricio Macri pidiéndole explicaciones por la persecución a jueces y fiscales que no respondían a los designios de la Casa Rosada. La nota, dirigida a la Cancillería por el Relator Especial sobre la independencia de los abogados y magistrados, se refiere a un posible "plan sistemático" contra funcionarios judiciales, entre ellos la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

La nota, escrita por Diego García Sayán, escribió: “Los alegados actos de intimidación y presión a los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino, tales como el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, habrían socavado su independencia obstaculizando la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo; así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”.

Según publicó El Cohete a la Luna, en una nota firmada por la periodista Luciana Bertoia, la nota llegó al ministerio que comanda Jorge Faurie el último viernes y allí le pidió informes y una respuesta en los próximos 60 días. Por los plazos que maneja, es posible que la respuesta sea una de las tantas tareas pendientes que Mauricio Macri le deje a Alberto Fernández para después del 10 de diciembre.

La misiva, de unas 15 carillas, incluye un detallado informe de varias situaciones irregulares en relación a la Justicia. Entre ellas, la designación por decreto de dos jueces para la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, la ocupación de Pablo Tonelli de forma irregular en una banca del Consejo de la Magistratura, en 2016, y el intento de remoción de Gils Carbó de la Procuración General.