Tras una revisión de lo avanzado en la materia desde entonces, llevada a cabo este año, hoy presentará sus conclusiones al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

"El Grupo de Trabajo reconoce que el proceso de enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad en Argentina ha tenido un desarrollo cuantitativo y cualitativo, siendo un ejemplo mundial en la lucha contra la impunidad, por eso resulta importante continuar con el desarrollo del sistema establecido", afirman los expertos.

En general, el grupo constata que Argentina "ha realizado numerosos avances en materia de desaparición forzada", especialmente de índole legislativo.

Y destaca especialmente la adopción de la ley que reglamenta el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos; la incorporación del delito de desaparición forzada como delito autónomo; la creación de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad; y la creación del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos.

"El Grupo de Trabajo observa que todos los organismos gubernamentales que se ocupan de cuestiones de derechos humanos y el poder judicial han demostrado un alto nivel de compromiso y profesionalismo para conocer el destino y el paradero de las personas desaparecidas".

Los expertos destacan que el Banco Nacional de Datos Genéticos ha sido establecido como un órgano autónomo e independiente y que la protección y confidencialidad de los datos genéticos como datos personales sensibles "está completamente garantizada".

Y hacen mención especial al reencuentro de Estela de Carlotto, presidenta de la organización argentina de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo, con su nieto, luego de 37 años de búsqueda.

"Este reencuentro demuestra que, con el compromiso, la cooperación y el apoyo a los familiares de los desaparecidos, es posible obtener resultados incluso muchos años después de que una desaparición tiene lugar".

Con respecto al funcionamiento de los tribunales, los expertos valoran los esfuerzos para luchar contra los retrasos en los juicios y en la confirmación de las sentencias, pero piden que se insista en la necesidad de la celeridad.

Sin embargo, lamenta "la fuga de imputados por crímenes de lesa humanidad, lo que requiere un fortalecimiento del monitoreo de los imputados".