El encuentro, realizado en el Salón Ramón Carrillo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, sito Av. 9 de Julio 1925, de la ciudad bonaerense fue presidida por la presidente del Consejo Nacional de la mujer, Mariana Grass, siendo el eje central desarrollar un relevamiento de las Áreas Mujer Municipales y Hogares de Protección Integral existentes en cada una de las provincias participantes, como también se avanzó en la articulación de la política pública, su diseño e instrumentación, en base a una propuesta de trabajo a implementar en todo el país.
Seguidamente, se generó un extenso debate sobre el Plan Nacional de Acción para erradicar la violencia hacia la mujer, donde las provincias incorporaron varios ítems a dicha herramienta que será de beneficio para las victimas realizando una devolución del relevamiento del estado de situación necesario para la implementación de Botones Antipánicos que tiene como objetivo la protección de mujeres en situación de violencia, cuya puesta en marcha será efectiva en corto plazo.
Por su parte, Santa Cruz expuso los avances y los desafíos que a diario se presentan en pos de dotar de mayor acceso en todos los ámbitos que requiere la atención inmediata de la victima, capacitando, sensibilizando, accionando redes interinstitucionales, propiciando la creación de las oficinas de atención de denuncias en las comisarias atendidas por personal femenino y bregando por un real acceso a la justicia en localidades donde todavía no existen las defensorías.
Por último, en virtud de que una diputada mendocina promueve la reglamentación y regularización de la esclavitud sexual de la mujer como trabajo mediante un proyecto presentado ante la legislatura el pasado lunes, Santa Cruz solicitó una moción de orden para confeccionar un documento con una clara y firme posición de no considerar la explotación sexual de la mujer como un trabajo, ya que la Argentina es abolicionista en este tipo de vejaciones que vulneran todo tipo de derechos.
Por ello, se labro un acta con la firma de todas las representantes de las provincias que conforman El Consejo Federal de la mujer, en el cual, se “Ratifica la postura abolicionista del Estado Argentino y la Lucha Contra la Trata de Personas, resaltando las acciones tendientes a la detección, sanción y erradicación de esta forma de esclavitud que perdura en e Siglo XXI. Se destaca la creación del Consejo Federal para la lucha contra la trata de personas, el endurecimiento de las penas para los integrantes de las redes de trata, el abandono de la figura del consentimiento poniendo la responsabilidad penal en quienes manejas las redes de trata y la sanción social en los prostituyentes.”