Un hecho de extrema gravedad institucional sacude a la zona norte de Santa Cruz. El doctor Alberto Luciani, abogado penalista con 22 años de trayectoria en la provincia y actual vicedirector del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados, sufrió un violento ataque contra su propiedad en Pico Truncado. Malvivientes ingresaron al inmueble que utiliza como vivienda y estudio jurídico, desmantelándolo por completo en lo que el letrado califica abiertamente como una represalia y un intento de amedrentamiento.

En diálogo con el programa radial Hora 8, Luciani relató con indignación el escenario con el que se encontró el pasado fin de semana: "No fue un robo común, prácticamente la desmantelaron. Le sacaron las puertas, la grifería, los artefactos de baño, inodoro, bidet, termotanque. Fue un hecho de otra violencia y de otra significación".

Sospechas de "zona liberada" y fallas en la seguridad
Lo que más llama la atención del profesional es la impunidad con la que se movieron los delincuentes, considerando la ubicación estratégica del lugar y los recursos tecnológicos de la localidad. "Llamativamente esa casa está ubicada a dos o tres cuadras, cuando mucho, de la Comisaría Segunda de Pico Truncado", fustigó.

"Cualquiera va a compartir conmigo que no se va a poder desmantelar una casa así, llevarse las puertas y hacer el ruido que tuvieron que hacer sin que nadie vea nada. La policía no vio nada y supuestamente las 150 cámaras que hay en la ciudad tampoco detectaron nada hasta el momento. Mi experiencia y formación me indican que no fue un hecho común; fue una zona que liberaron para que pueda suceder lo que sucedió", disparó el penalista.

Vinculación con causas de alto impacto y el debate por la Reforma Judicial
Luciani vincula directamente este ataque a su firme postura profesional e institucional, que a lo largo de su carrera lo ha posicionado de manera crítica frente a las administraciones de turno. Entre ellas, recordó su rol como abogado querellante en la causa Reinaldo Vargas —el trabajador fallecido frente al Sindicato Petrolero en Caleta Olivia— y su participación en el emblemático caso Sayago, considerado el hecho penal de mayor trascendencia política en la historia de la provincia.

En este sentido, el letrado hizo hincapié en que este ataque se da en un contexto donde mantiene fuertes críticas hacia el actual manejo del sistema judicial santacruceño. Apuntó contra la reciente designación de cinco vocales en el Tribunal Superior de Justicia, asegurando de forma tajante que la medida no representa ningún beneficio real para los ciudadanos. "El ingreso de los cinco vocales al Tribunal Superior no significa celeridad para el ciudadano de a pie, solo implica el aumento del gasto público", advirtió.

Para Luciani, esta reestructuración del máximo tribunal no apunta a los cambios de fondo que el sistema judicial requiere con urgencia: "Justamente ese no era el cambio que se necesitaba, porque la justicia está paralizada en la primera instancia".

El reclamo del Colegio de Abogados: Código antiguo y juicios por jurados
El referente del Instituto de Derecho Penal explicó que las verdaderas transformaciones deben darse en los procesos que afectan directamente a la comunidad y a los profesionales del derecho. "Desde el Colegio de Abogados tratamos de pregonar que haya reformas en el Código Procesal Penal de Santa Cruz, el cual es totalmente antiguo y cuenta con un procedimiento que ya no existe en ninguna otra provincia del país", detalló.

Para el letrado, una reforma genuina y moderna debería incorporar mecanismos de participación ciudadana que ya rigen con éxito en gran parte del territorio nacional. "La reforma clave es que se incluyan los juicios con jurados populares, en donde la gente común tiene que resolver la situación de los juicios penales, tal como se hace en un montón de provincias. Todas esas cuestiones que eran sumamente necesarias no las hicieron; simplemente se abocaron al control político de la cúpula. Claramente, esa no era la solución", sentenció de forma crítica.

Temor por su vida y pedido de resguardo a fuerzas nacionales
Ante la gravedad del ataque y la total falta de comunicación por parte de las autoridades de la Policía de Santa Cruz tras hacerse público el caso, el doctor Luciani decidió romper el silencio mediático como una medida de autodefensa. "Decidí hacerlo público por una cuestión de resguardo personal y familiar. Si no se hacía público, esto iba a escalar a otra clase de violencia. Tengo hijos menores de edad. Y aparte pongo claramente en evidencia que no tengo ninguna intención de suicidarme ni nada, lo hago público por si a algún trasnochado se le pasa algo por la cabeza", alertó en una de las declaraciones más preocupantes de la entrevista.

Finalmente, el abogado confirmó que ya radicó la denuncia penal correspondiente y anticipó un drástico giro en la investigación debido a la desconfianza existente sobre la fuerza local. "Se puso en contacto conmigo el fiscal de instrucción de Pico Truncado, Matías Parajón, quien se solidarizó y me dijo que va a pedir la intervención de Gendarmería Nacional", informó Luciani, concluyendo que ve "prudente" que actúe una fuerza nacional objetiva para garantizar la transparencia del caso y la seguridad de su familia.