Grave denuncia
Miércoles, 26 de agosto de 2026
Denuncian presunta vigilancia ilegítima al jefe de Gabinete provincial
Escándalo institucional en Santa Cruz. Pedro Luxen denunció espionaje ilegal tras descubrir a un policía vigilando su casa y pidió protección a una fuerza federal.
Una situación de extrema tensión sacude las esferas del gobierno provincial tras la denuncia sobre un supuesto operativo de seguimiento e inteligencia ilegal dirigido hacia el jefe de Gabinete, Pedro Luxen. El hecho, que comenzó a ser investigado para determinar responsabilidades dentro de la fuerza de seguridad, salió a la luz a partir de la advertencia realizada por la esposa del funcionario.

Según trascendió, la mujer notó la presencia reiterada de un vehículo sospechoso estacionado frente al domicilio familiar durante varios días consecutivos. Ante la inusual permanencia del automóvil en el lugar, alertó a su marido sobre lo que parecía ser una guardia no oficial ni declarada.

Al percatarse de la continuidad de esta maniobra, Luxen decidió resolver la situación en persona. El ministro se acercó directamente al vehículo para encarar al ocupante y exigió explicaciones sobre su presencia en el vecindario. La sorpresa fue mayor al constatarse que el automóvil pertenecía a la propia Policía de la provincia de Santa Cruz y que el conductor era un efectivo policial en actividad.

Al ser abordado por la máxima autoridad del Gabinete, el agente no pudo justificar su presencia en la zona ni explicar bajo qué órdenes o investigación formal se encontraba desplegado frente a la vivienda del funcionario.

La falta de respuestas claras por parte del efectivo encendió de inmediato las alarmas institucionales sobre un posible caso de espionaje o seguimiento irregular dispuesto desde la propia estructura de seguridad provincial.

Ante la gravedad institucional de lo sucedido y la evidente desconfianza generada hacia la fuerza provincial, el jefe de Gabinete solicitó formalmente la asignación de custodia para su familia a una fuerza federal. El episodio ha generado un fuerte malestar en el entorno del funcionario, donde no se descuenta que se profundicen las acciones judiciales y administrativas para esclarecer quién dio la orden de monitorear sus movimientos y con qué objetivos se montó dicho operativo.
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