En una entrevista profunda, el letrado remarcó los límites del reclamo sindical, la obligación de tolerancia que deben tener los funcionarios públicos frente a las críticas y advirtió sobre el peligro de utilizar la justicia para acallar la libertad de expresión.

En una jornada decisiva para el ejercicio de los derechos laborales y la libertad de expresión en la provincia de Santa Cruz, la Justicia resolvió dictar el sobreseimiento definitivo de la docente Adriana Mansilla. La trabajadora de la educación había sido llevada a juicio oral mediante una querella por presuntas injurias promovida por el expresidente de la Caja de Servicios Sociales, Sergio Pérez Soruco, quien además exigía una resarcimiento económico de 20 millones de pesos.

Tras alcanzar un acuerdo de conciliación impulsado por su nueva representación legal, la causa llegó a su fin, sentando un precedente clave sobre las garantías constitucionales durante las protestas gremiales.

En diálogo con La Otra Mirada, el abogado defensor Cristian Arel detalló el trasfondo de un proceso judicial marcado por la falta de información y la vulnerabilidad de la imputada.

Según precisó el letrado, la docente desconocía las notificaciones previas y el exorbitante reclamo monetario que pesaba en su contra debido a un deficiente asesoramiento inicial. Los hechos que motivaron la demanda se remontan a las manifestaciones organizadas por el Frente de Unidad Sindical en agosto de 2025, donde se reclamaba la restitución del Vademécum, la cobertura para pacientes derivados y la regularización de las prestaciones médicas; un escenario de claro interés público donde surgieron cánticos colectivos de protesta.

Durante la entrevista, Arel enfatizó la naturaleza de la protesta social y la jurisprudencia que protege la manifestación colectiva frente a la figura de los funcionarios públicos. Explicó que el lenguaje utilizado en el marco de un reclamo gremial no busca lesionar la honra individual de una autoridad, sino visibilizar el descontento popular ante una gestión.

En ese sentido, remarcó que quienes ejercen cargos de responsabilidad estatal están sometidos a un mayor escrutinio social y deben demostrar un umbral superior de tolerancia frente a las críticas de la ciudadanía, evitando utilizar el aparato judicial como una herramienta de amedrentamiento o censura.

El letrado valoró la predisposición del tribunal integrado por los jueces Ávila, Bórquez y Sal para facilitar la instancia conciliatoria que derivó en la desvinculación total de Mansilla.

Asimismo, reflexionó sobre la carga emocional que implica para un trabajador de a pie enfrentar un proceso penal de esta magnitud y contrapuso la celeridad con la que avanzan los expedientes por delitos de acción privada frente a causas complejas como homicidios o abusos sexuales.

En sus declaraciones finales, Arel llamó a la dirigencia política a priorizar la resolución de los problemas estructurales de la comunidad, como la falta de servicios básicos, en lugar de judicializar las opiniones o la labor de la prensa libre.