Siguiendo esa lógica de mercado, podríamos decir que en general las cajas previsionales son "deficitarias", ya que ningún sistema de seguridad social en el mundo es rentable, porque la seguridad social no es un negocio, ni los organismos que lo administran son En una provincia con una "clase dirigente responsable, ocupada y preocupada por el bienestar del ciudadano común" según las constantes expresiones de autobombo del gobierno nacional y provincial, desde hace tiempo deberían haber planificado políticas de crecimiento que generen los recursos necesarios para hacer sustentable algo tan sensible para todos los trabajadores santacruceños como es la Caja de Previsión Social. El actual gobierno no tiene excusas para evadir su responsabilidad en lo que llama "déficit de la Caja", y que nosotros denunciamos como "desfinanciamiento provocado".
El falso paradigma de lo nacional y popular se desnuda en la lógica de que la fuente de financiación que podrían generar los aportes de aquellas empresas multinacionales que obtienen ganancias extraordinarias a costa de los recursos de la provincia, dejan paso a la utilización de los trabajadores y sus derechos adquiridos como primera y única variable de ajuste dentro de un sistema perverso y En este desfinanciamiento sistemático hay una responsabilidad compartida entre quienes gobiernan el país y la provincia, cómplices del pago en negro durante décadas, creadores de excusas burdas como los errores de tipeo en el aporte patronal al sector docente -de 15,5 a 5,5- donde inéditamente el trabajador pagaba más que el empleador, o la evasión en complicidad con los municipios de los aportes patronales cuya deuda según el gobierno es cercana a los 4 mil millones de pesos, o el pago sin aportes a 10 mil trabajadores precarizados en los planes Preno y PEC (que hoy afortunadamente están en planta pero pagando de su bolsillo lo que el Estado evadió durante años), o la pérdida del 15 % de la coparticipación para financiar el Anses gracias al acuerdo sellado en 1992 entre el entonces gobernador Kirchner y el ministro Domingo Cavallo, son solo algunas de las causas más destacadas de la situación actual .
Estas cadenas de incumplimientos e irresponsabilidades se completan con los 12 años en que el gobierno no presentó balances ocultando una realidad que hoy le estalla en las manos pretendiendo trasladarles la responsabilidad a los trabajadores.
La falta de transparencia ha sido un hilo conductor que define la política santacruceña de las últimas décadas. El concepto de transparencia, definido en el diccionario como la actitud o actuación pública que deja ver claramente la realidad de los hechos, se contrapone a lo expresado por el gobierno cuando intenta justificar sus fracasos políticos vinculando directamente los problemas financieros de la provincia con el "déficit" de la Caja de Previsión Social. Este argumento se refleja a través de la complicidad de medios informativos amigos, con números "objetivos" de ingresos y egresos, mostrando porcentajes y estadísticas a modo de Información pública, cuando en realidad es simplemente Información publicada, que no es lo mismo. La diferencia radica en que la información pública debe ser ineludiblemente veraz y transparente, mientras que la información publicada en esta provincia sobre los fondos públicos se ha caracterizado históricamente por lo contrario, o sea, la falsedad, la impunidad y la falta de seguridad.
Los intentos de armonización en un pasado muy cercano fueron frenados por la resistencia popular consciente de un ajuste que como habitualmente sucede no recae sobre quienes se enriquecen en la provincia o fuera de ella, sino en quienes trabajan. Como no recordar ese 29 de diciembre de 2011, cuando los trabajadores tomamos las calles en repudio a toda una clase política obsecuente y cómplice de aquella reforma que entre otras cosas vulneraba el 82% móvil con un "aporte solidario" en la pasividad, sin la certeza de saber a quién se dirige una solidaridad tan discrecional y arbitraria. Como no recordar también a esa dirigencia "revolucionaria" de La Cámpora que renunciaba a todos sus cargos en el gobierno provincial, en protesta por haberse frustrado en la provincia la reforma de la ley jubilatoria ordenada por el Gobierno Nacional.
Para comenzar a recuperar los derechos que el gobierno insiste en conculcar, hay que desandar el largo camino de políticas erráticas que nos llevaron a la incertidumbre actual.
Es por ello que rechazamos toda modificación del Régimen Jubilatorio Provincial vigente, declarándonos en alerta y movilización ante cualquier intento de avasallar derechos y conquistas de la clase trabajadora.