Dicen que usó el dinero destinado a remediar el paso del fuego en la compra de un vehículo de alta gama para el Ejecutivo de la localidad de El Hoyo.

El conflicto de poderes en el Concejo Deliberante de El Hoyo también se tradujo en una disputa entre ediles de la oposición y el intendente Mirco Szudruk. Los oficialistas Marisa Saracho y Roberto Lucas trataron de “fascistas” y de querer desestabilizar al gobierno municipal a quienes promueven una comisión investigadora, entre ellos José Bondel, del Partido Vecinal, y Walter Pérez, del Partido Justicialista.

Pérez indicó que no recibieron el dictamen de la Procuración General de la Provincia, y que sí les habían solicitado que dejaran sin efecto ordenanzas sancionadas durante su Presidencia, que fue el origen del desentendimiento, ya que Lucas sostenía que él era el titular del cuerpo. Pero aseguró que esas normas ya estaban anuladas y no obstante esperan la resolución final del Superior Tribunal de Justicia.

Manifestó que el conflicto de poderes benefició a Szudruk, porque varios problemas de la localidad y la investigación que está en marcha por supuestas irregularidades se desviaron a consecuencia de esa discusión dentro del Concejo.

Supuestas anomalías

Pérez dijo que una de las anomalías que observan es el manejo de los fondos del municipio, con gastos mal hechos. Y puntualizó que Szudruk utilizó recursos que llegaron a la comuna de la Provincia para remediar perjuicios que dejaron los incendios forestales en verano de 2012, para comprar una camioneta de alta gama para uso del Departamento Ejecutivo, cuando había un vehículo en buenas condiciones para esos menesteres. Además el Gobierno le asignó el dinero para adquirir un vehículo que sirva para trabajar en los siniestros.

Por otro lado los concejales opositores quieren que se cumpla la ordenanza que rige para el fraccionamiento de terrenos, ya que está estipulado que el 15% de la superficie debe disponer la Municipalidad para lotes sociales. El cálculo es que cumpliendo la ordenanza, el Ejecutivo tendría alrededor de 60 terrenos para asistencia social.

Ese aspecto alientan que sea investigado porque estaría involucrado hasta el asesor legal y colaboradores en la planta política municipal, afirmó Pérez. “Tenemos el derecho de revisar lo que vemos irregular, y por eso impulsamos una comisión investigadora”. (Diario Jornada)

Jueves, 12 de junio de 2014