Sigue la conmoción en la ciudad del gorosito, por el traslado al Hospital Zonal caletense, de un paciente declarado "psiquiátrico" que asesinó de 50 puñaladas a una trabajadora social en el mes de abril del 2013.

La comunidad de Caleta Olivia se encuentra conmocionada y movilizada por estas horas. Por disposición de un Juez de Primera Instancia de Río Gallegos, basándose en la Ley 26.657 (Ley Nacional de Salud Mental) un paciente “psiquiátrico” que asesinó de 50 puñaladas a una trabajadora social en el mes de abril del 2013 –en un clásico cuadro de “descompensación psicótica”- debería ser trasladado nuevamente al Hospital Zonal de Caleta Olivia proveniente de una internación en Río Gallegos. El nosocomio de Caleta Olivia, cual, según denuncian sus autoridades, trabajadores y profesionales en estado de asamblea permanente, no se encuentra en condiciones de garantizar un tratamiento (ambulatorio o internación) por falta de infraestructura para este tipo de patologías.
Por ello, desde el Partido Obrero, mediante un comunicado, expresaron que están frente a un flagrante caso de contradicción que refleja un cuadro de descomposición social y derrumbe sanitario: el mero cumplimiento por parte de un Juez de una Ley Nacional pone en riesgo tanto al paciente como a la comunidad hospitalaria y la población en general. Resulta ser que así como la Ley 26.657 indica el cierre progresivo de hospitales monovalentes en Salud Mental (el Plan Nacional de Salud Mental pone como fecha límite el año 2020 para el cierre “total”) y la presunta oferta de “dispositivos alternativos” (comunitarios, etc.) y reinversión de servicios de internación en Salud Mental en “Hospitales Generales” y justamente es esto último lo que brilla por su ausencia.
Además, con la reglamentación del Estado Nacional de la Ley 26.657 (mayo 2013) se homologa a las clínicas psiquiátricas privadas como “Hospitales Generales”, lo cual abre la instancia a una tercerización privatista para internaciones y tratamientos ambulatorios en el sector privado a través de subcontrataciones.
La situación planteada en Caleta Olivia, ciudad destacada en la Provincia “cuna del Proyecto”, habla a las claras como la “Década Ganada” solamente se traduce a mayores ganancias, en este caso, para los negociados privados en detrimento de la Salud Pública y la población trabajadora.
Los diputados, senadores y candidatos que ahora mandan cartas al Juez deberían preocuparse antes por triplicar el presupuesto de salud, estableciendo un impuesto de emergencia a las petroleras, mineras y casinos que operan en la región que permita dotar a nuestros hospitales de profesionales, enfermeros, infraestructura e insumos para atender en forma eficiente la salud de toda la población.




Lunes, 31 de agosto de 2015