Casi un setenta por ciento del personal policial que cumple funciones en las dependencias de Las Heras, se encuentran procesadas en una causa por “Tortura seguida de muerte”.

De acuerdo a los datos recabados, la mayoría de ellos fueron denunciados ante el Juzgado de Instrucción local por “apremios ilegales”, aunque también tres efectivos, un oficial y dos subalternos están imputados en la causa “tortura seguida de muerte”, ocurrida el 22 de julio del 2011, cuando un joven entrerriano, identificado como Jonathan Gorosito, ingresó a la Comisaría Primera y luego se notificó que se había quitado la vida.

En el caso referido; tras las investigaciones, incluidas pericias y autopsias realizadas en Puerto Deseado y Caleta Olivia, se determinó que el cuerpo de la víctima fue lavado, la soga con la que se habría ahorcado no tenía nudo, entre otras pruebas que echan por tierra la hipótesis del suicidio.

Los principales imputados en esta causa son los efectivos policiales Ismael Salas, Carlos Humberto Velásquez y Ricardo Alvarado, quienes ese día estaban a cargo en la comisaría Primera de esa localidad y que a partir del 18 de septiembre afrontarán el juicio oral.

Apremios

El relevamiento efectuado por La Prensa de Santa Cruz revela que del 69 por ciento de las denuncias realizadas en la fiscalía, un cincuenta por ciento corresponden a “apremios ilegales”, en tanto que el restante porcentaje por “vejaciones y torturas”.

“Un cincuenta por ciento de los efectivos procesados se encuentran actualmente en la Seccional Primera y el 19 por ciento en la Seccional Segunda”, reveló una fuente consultada, quien además detalló que en ésta ultima dependencia funciona la alcaidía, donde años atrás los internos eran quienes denunciaban por “golpes o maltratos” de los efectivos policiales.

Las fuentes consultadas aseguraron que en muchos casos “las causas no prosperan”, pero mientras tanto deben afrontar el procesamiento.

De esta manera, consideraron que en “la vía publica y en particular en Las Heras arriban muchas personas del norte del país, entonces se los demora por la ley provincial 688 (articulo 12 inciso b), para averiguación de antecedentes y medios de vida, aunque en muchos de los casos, los policías terminan siendo denunciados”, manifestaron y aseveraron que en la mayoría de los casos, las causas terminan en “falso testimonio”.

De todos modos, resulta extraño que una gran porcentaje de la fuerza policial de esa localidad resulta denunciada.

Asimismo, años atrás fueron procesados un comisario y un oficial, Chavez y Perea, respectivamente, quienes estaban imputados en la causa por la muerte de “Popeye” Vargas. Años más tarde, la Cámara determinó la falta de merito. (La Prensa de SC)

Viernes, 11 de septiembre de 2015