El senador Alfredo Martínez mostró su preocupación por la reforma que busca introducir el oficialismo en la ley de Hidrocarburos. Aseguró que con estos cambios “nos jugamos el futuro las provincias petrolera” y a pesar que no hay nada definido, pidió un debate amplio y que se tengan en cuenta los tres proyectos de ley que presentó el bloque de la UCR para mejorar la normativa sobre la actividad petrolera y garantizar una política energética para el país.

Martínez presentó en noviembre pasado, un proyecto que propone realizar ajustes en el marco jurídico que regula la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos, que en la actualidad tiene como base normativa la ley 17.319, promulgada y sancionada por el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía en 1967 y abrir el debate sobre el rumbo que debe tomar la política energética argentina.

La iniciativa del senador santacruceño establece regular los mecanismos contractuales de permisos de exploración y concesión de explotación, en un marco fáctico donde el principal productor, industrializador y comercializador de combustibles sea la empresa estatal YPF S.E. “En los últimos años la actividad hidrocarburífera de nuestro país ha sufrido importantes cambios y retrocesos: La desregulación y privatización del sector a principio de los años noventa; la conversión en 1992 de YPF en una sociedad anónima con una indiscriminada apertura a los capitales privados; la efectiva privatización de YPF S.A. en 1999, con la venta del 97% de las acciones al Grupo Repsol, privando al Estado Argentino de su principal herramienta regulatoria del mercado de hidrocarburos, y dejando sin sustento fáctico el marco jurídico de la ley 17.319. Éstos cambios, que no pudieron ser receptados por la ley 17.319, precisan un marco legal que permita el crecimiento de esta actividad para a hacer frente a la preocupante crisis energética que atraviesa nuestro país”, indicó Martínez durante una exposición que realizó en Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Plata.

En este sentido, resaltó que el proyecto propone actualizar la ley de Hidrocarburos, incorporando los principios de la Reforma Constitucional de 1994, en particular, adaptando la ley a la distribución de competencias resultantes del dominio originario de las provincias respecto de los hidrocarburos. Se elimina el techo de regalías del 12 por ciento de la producción de hidrocarburos, el cual quedaría como piso. Mientras que el volumen de producción para el cálculo de regalías debería ser controlado por medios electrónicos, no sólo estimado por declaración jurada.
A su vez, se plantea en este proyecto, que se regulan las cesiones de permisos de exploración y concesiones de explotación, exigiendo requisitos previos de cumplimiento de los planes de inversión y se amplía el régimen contractual, regulando detalladamente las asociaciones con privados a través de contratos de participación en la producción, para áreas marítimas y estratégicas.
Además de aprobarse la ley, se establecerán normas de competencia y de derecho del consumo. Se regula la fijación de precios en situaciones de emergencia.

También se incluye un régimen ambiental para toda la actividad hidrocarburífera. Se exige evaluación de impacto ambiental para: Exploración y extracción de hidrocarburos de origen mineral; la construcción y operación de oleoductos, gasoductos y otros ductos de transporte regulados; La construcción y operación de destilerías, refinerías y depósitos de hidrocarburos líquidos y sus derivados; y la construcción y operación de instalaciones de gasificación, de licuefacción y de almacenamiento de hidrocarburos líquidos.
Por otro lado, se plantea incorporar activamente a la ley de Hidrocarburos a las empresas públicas, YPF S.A. y ENAR S.A., ampliando y regulando sus instancias de participación y el control externo.

Además crear dos nuevas figuras: el Consejo Federal de Hidrocarburos como asesor del Poder Ejecutivo Nacional en la elaboración de la política nacional de hidrocarburos y como coordinador de dicha política e instancia de enlace con las provincias; y la Agencia Federal de Hidrocarburos, organismo autárquico de carácter técnico, ejecutor de la política de hidrocarburos a nivel federal y nacional”.

“Hemos trabajado con la legislación brasilera, donde se ha creado una Agencia Nacional de Petróleo, pero en nuestro caso las provincias van a seguir teniendo la potestad y no se va a tocar absolutamente en nada esta autoridad, pero la agencia estará conformada por la Nación y las provincias. En este organismo se determinaran las políticas generales para llevar adelante en el país en lo que respecta al preciado recurso. Esto nos evitaría que suceda lo de Pan American Energy, que con el poder que tienen, negocien de una forma no saludable con las provincias. Si estas empresas se sientan ante una agencia nacional, será otra cosa que ante una provincia, que puede tener algún inconveniente financiero o necesitar adelantos de regalías, y ante esto cerrar un acuerdo a largo plazo desfavorable”, indicó el senador.

Por otro lado, y en cuanto a la negociación del gobierno nacional con los acreedores, y los fallos en contra del país, Martínez consideró que “era la crónica de un final anunciado” y que ahora el Congreso aguarda la presencia de funcionarios del Ejecutivo para conocer “las idas de cómo se piensa resolver este problema”. No obstante, advirtió que desde la oposición “vemos con mucha preocupación esta situación, porque se había atrasado mucho llegar a un acuerdo con los acreedores. Planteamos buscar una negociación por fuera del ámbito judicial, pero hubo mucha confianza que el fallo nos iba a favorecer. Esperamos que se cuente con una ingeniería financiera para afrontar esta situación desfavorable”.


Lunes, 23 de junio de 2014