Renata Hiller, delegada del AFSCA de zona Norte de Santa Cruz y zona Sur de Chubut, renunció a su cargo con una fuerte carta donde describe las distintas inclemencias e irregularidades a las que fue expuesto el AFSCA durante los últimos meses del nuevo gobierno nacional.

A continuación, la carta completa:

Estimadas y estimados radiodifusores, trabajadores de la comunicación, integrantes de organizaciones sociales y demás actores vinculados a la comunicación audiovisual:

Los hechos acontecidos en los últimos dos meses con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y las decisiones tomadas por el nuevo gobierno respecto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual demandan una reflexión conjunta que estoy convencida llevaremos adelante. La gravedad institucional de los hechos hace que cualquier caso particular o personal sea un asunto menor.

Sin embargo, en vistas del acompañamiento recibido en los últimos dos años y medio de trabajo, resulta oportuno compartir unas palabras de despedida y agradecimiento. Sabrán, como es de público conocimiento, las modificaciones que el nuevo Gobierno pretende implementar en materia de servicios de comunicación.

Sucintamente, tanto la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) como la AFTIC han sido disueltas y unificadas bajo el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) dependiente del nuevo Ministerio de Comunicaciones.

A partir de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) 13/15 y 267/15 se han vulnerado los órganos de gobierno de ambas Autoridades. En particular, el Directorio de la AFSCA integrado por representantes del Poder Ejecutivo Nacional – PEN (2 miembros), pero también por las minorías parlamentarias (3 miembros) y por dos miembros designados por el COFECA (Consejo Federal de Comunicaciones) donde tenían representación los gobiernos provinciales, el sector privado, los medios con y sin fines de lucro, los medios públicos, las universidades, las gestoras de derechos, los trabajadores organizados del sector y los pueblos originarios.

El nuevo ENaCom, por el contrario, cuenta con un Directorio integrado por cuatro directores nombrados por el PEN y solo tres propuestos por el Congreso. Además, el DNU expresamente indica que todos los directores podrán ser removidos por el Poder Ejecutivo Nacional en forma directa y sin expresión de causa. Visto desde el interior del país, esta nueva composición del Directorio deja sin participación a las provincias y a los demás actores que conforman el universo audiovisual, subordinando al Poder Ejecutivo Nacional los órganos de regulación y aplicación de la política de medios y telecomunicaciones que antes se integraban de manera plural y federal.

Asimismo, el DNU 267/15 crea, en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones, una Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de las Leyes Nros. 26.522 y 27.078 (de Comunicación Audiovisual y de Telecomunicaciones, respectivamente). Sin embargo, el DNU ya anticipa modificaciones sustantivas, especialmente en lo referido a la concentración de la propiedad en tv abierta, tv cable y radios.

Sin extenderme sobre el contenido de los cambios, es importante resaltar que en un sistema democrático ni la más perfectible de las leyes debiera ser alterada vía decreto. El 6 de enero se publicó en el Boletín Oficial la Resolución del 30 de diciembre pasado donde el interventor a cargo desvinculó a todos los coordinadores de las delegaciones del interior del país. Para ello no mediaron más argumentos que el de tratarnos como “funcionarios militantes” vinculados al Partido Nuevo Encuentro.

Cualquiera en la zona sabe de mis afiliaciones políticas como parte del Grupo Los Altares y de cómo ello no ha sido obstáculo para trabajar de manera ecuánime. Sin embargo, a partir de entonces mis funciones en el Organismo han concluido. Al respecto, puede comprenderse que un nuevo gobierno designe sus funcionarios políticos tal como crea conveniente, más no la cacería de brujas desatada en distintas dependencias sobre trabajadores rasos. Es por ello que la semana pasada la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó reincorporar a nueve trabajadores despedidos del AFSCA, resolviendo una demanda en la que se solicitaba “la inmediata reinstalación en el puesto de trabajo y el cobro de los salarios caídos de nueve compañeros trabajadores que fueran despedidos por razones políticas, en los términos del art. 1 de la Ley Nº 23.592 de Actos discriminatorios”.

Hasta el momento dicho fallo sigue sin hacerse efectivo ya que no fue permitido el ingreso de los trabajadores despedidos a sus puestos de trabajo.

En lo que refiere a la Delegación, por el momento no se ha designado una nueva autoridad. Sí seguirá atendiéndolos con la misma cordialidad de siempre Juan Turra, el asistente que a lo largo de este tiempo ha sido un apoyo fundamental en las tareas cotidianas.

Desde la Delegación Chubut I procuramos hacer de esas viejas oficinas en el Ex Hotel de Turismo una verdadera puerta de entrada al Organismo, facilitando información, procurándola allí donde no la teníamos, difundiendo actividades propias y de otras instituciones que pudieran aportar a la comunicación social.

Nuestro compromiso con un ente Federal nos llevó también a las localidades del interior de la Delegación, aunando un territorio atravesado por dos provincias (Chubut y Santa Cruz) pero sobre todo unido en realidades comunes.

Desarrollamos talleres de capacitación en los que uno de sus mejores resultados fue el trazar puentes y alianzas entre trabajadores/as, docentes y miembros de organizaciones sociales que, viviendo en localidades vecinas, no habían tenido hasta entonces espacios de encuentro donde reflexionar juntos y hacer crecer la comunicación popular. Claro que para ello también fueron centrales las y los capacitadores que generosamente compartieron sus saberes. A todos, gracias. Muchas veces insistimos en que ninguna política pública ni ámbito estatal pueden ser exitosos sin una sinergia positiva con otras instituciones.

Fueron los sindicatos que nuclean a las y los trabajadores vinculados a los medios de comunicación quienes señalaron las falencias, las posibles acciones conjuntas, los horizontes a alcanzar. Así avanzamos en la matriculación habilitante de locutores/as y operadores/as, gestionamos un espacio del programa FINES en el ámbito de AATRAC para facilitar la finalización del secundario para lxs trabajadores y sus familias, entre otros. La Universidad local se comprometió en distintas y variadas instancias de formación para capacitar a quienes cotidianamente se desempeñan en nuestras radios y señales, hasta arribar al Convenio con el ISER que permite la formación de Locutores Nacionales en la UNPSJB. Las puertas de la Secretaría de Cultura de Comodoro Rivadavia estuvieron siempre abiertas para organizar conjuntamente actividades, prestar instalaciones y ayuda logística en lo que fuera necesario.

Otro tanto encontramos en cada Municipio de las localidades de la Delegación, en Escuelas dispuestas a trabajar en conjunto con sus estudiantes, en organizaciones, bibliotecas y centros culturales.

Ninguna política cultural que se pretenda popular y democrática podría construirse de otra manera y por eso tiene un impulso que no puede detenerse por decreto ni por una voluntaria inacción estatal.

Claro que quedan muchas cuentas pendientes: profundizar y mejorar la política de concursos para adjudicación de licencias, regularizar el espectro radial, garantizar las cuotas de producción local para fortalecer una verdadera comunicación federal.

Por eso lamentamos los cambios mencionados más arriba, porque no vemos que se orienten en dicho sentido. Pese a todo, no perdemos la confianza en que serán los mismos que han llevado a la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual quienes reclamen su respeto y efectivo cumplimiento.

También contarán con el empuje de aquellos que en estos años de implementación han encontrado en los servicios de comunicación audiovisual una herramienta para multiplicar su tarea y fortalecerla. Allí quedan los proyectos financiados a través del FOMECA, las y los jóvenes de las escuelas de Senguer, Río Mayo y Comodoro que defendieron su derecho a la comunicación en la Audiencia de la Defensoría del Público, los que se capacitaron en el marco del convenio con el Ministerio de Trabajo…

Todos ellos mantendrán vigente una ley que forma parte del acervo democrático de nuestro país. Y allí estaremos, por supuesto.

Los saludo cordialmente y con profundo agradecimiento por la experiencia compartida, Renata Hiller. (VyA)


Viernes, 12 de febrero de 2016