La coalición de organizaciones ambientales reclama al Estado Nacional desestimar la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz por ser un mal negocio desde lo técnico, ambiental, económico y social. En su lugar, propone un cambio de paradigma en materia de producción y consumo de la energía, orientando los recursos del Estado al cumplimiento de los compromisos pre-electorales de promoción de energías renovables y políticas de eficiencia energética.

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Aves Argentinas, Banco de Bosques, Flora y Fauna, Fundación Naturaleza para el Futuro (FuNaFu) y Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) vuelven a reclamar a la Administración Nacional la suspensión de la construcción de las represas del complejo hidroeléctrico Kirchner-Cepernic sobre el lecho del río Santa Cruz, ubicado en la provincia homónima y último río glaciario de la Patagonia que corre libre desde la cordillera hasta el mar.

La coalición, que en varias oportunidades manifestó su posición frente a este megaproyecto hidroeléctrico (se puede acceder en www.riosantacruzlibre.org), hoy renueva su compromiso en subrayar la necesidad de democratizar la energía en la Argentina, superar el mito de que “las renovables nunca satisfarán más que una ínfima parte de la demanda”, y marcar que el costo ambiental y económico supera significativamente los beneficios energéticos y sociales que podrían satisfacer a la ciudadanía en el corto plazo, y no así en el mediano y largo.

Las grandes represas tienen un alto impacto sobre el medio ambiente y una escasa vida útil por la acumulación de sedimentos que las deja inoperables. Por ambos motivos, no están consideradas energías renovables. A nivel nacional, el gran impacto socio-ambiental de las represas llevó, precisamente, a la decisión legislativa de dejar fuera del régimen de energías renovables a emprendimientos de más de 50 MW2. Asimismo, dentro de la comunidad científica, existe consenso al afirmar que una de las mayores causas de disrupciones en los flujos de agua es la construcción de grandes represas, contribuyendo sustancialmente a la destrucción de pesquerías, la extinción de especies y la pérdida generalizada de servicios ecosistémicos de los cuáles depende la economía humana.

Una propuesta eficiente
En este sentido, la coalición exige el impulso de una política de eficiencia energética que promueva el uso eficiente de la energía. Esto permitirá contribuir a la reducción de las emisiones de GEI, a proteger nuestros recursos no renovables, a favorecer que los servicios energéticos se brinden a un menor costo y, de esta manera, también a cuidar la economía. El potencial de ahorro estimado a 2030 se encuentra entre el 20% y 30% en relación con la demanda estimada, de continuar con las prácticas actuales.

Todos los sectores pueden disminuir su consumo de energía. Esto le permitiría al Estado ahorrar, al menos, US$ 2.500 millones hasta 2020 a partir de una reducción de la demanda futura de combustibles para generación y de una disminución en el costo de inversión en centrales eléctricas (FVSA, 2013).

"La experiencia internacional indica que una de las formas más rápidas y económicas de superar una situación energética crítica es racionalizar y hacer más eficiente el consumo y también que, en general, es más barato ahorrar una unidad de energía que producirla. Si bien en la Argentina ya se están impulsando algunas medidas para promover la eficiencia energética, resultan aún parciales e insuficientes. Por todo lo expuesto, las represas representan un mal negocio desde lo ambiental técnico y económico. No tiene sentido seguir adelante con un proyecto con tan mal prónostico."


Jueves, 16 de junio de 2016