Contrariamente a las versiones que difundieron dirigentes de gremios petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge, ni al vicegobernador Pablo González ni al ministro de Gobierno, Fernando Basanta, les consta que la empresa San Antonio Internacional haya deslizado la intención de retirarse de los yacimientos santacruceños debido a los elevados niveles de conflictividad laboral.

El último piquete de trabajadores de San Antonio se desactivó el viernes en la Ruta 12 cuando fuerzas especiales de la policía se aprestaban a desalojarlos.

Ambos funcionarios formularon declaraciones por separado y en diferentes localidades al promediar la tarde del viernes, luego que se levantaran los piquetes que habían impuesto en Las Heras, Cañadón Seco y Caleta Olivia trabajadores de San Antonio Internacional (SAI) por despidos y suspensiones que esa contratista de YPF impusiera a operarios de equipos de torre y de operaciones especiales.

Algunos de los bloqueos a rutas troncales y caminos secundarios de accesos a yacimientos -que se extendieron por más de una semana- quedaron indistintamente sin efecto porque intervinieron juzgados de instrucción provinciales y pudieron ser desactivados pacíficamente por fuerzas policiales especiales.
Pero también se dio el caso de que a minutos de que pudiera registrarse un desalojo compulsivo sobre la Ruta 12 una asamblea de operarios (acompañados por sus familiares) resolvió retirarse al considerar que se había logrado parcialmente el objetivo que los llevó a imponer la medida de fuerza.

OBJETIVO ESTATAL
El primero en hablar con El Patagónico fue el titular de la cartera política, Fernando Basanta, quien supervisó desde una distancia prudencial el último operativo policial, señalando que de las conversaciones que estableció el gobierno provincial con directivos de varias operadoras de yacimientos y empresas contratistas no se habló en ningún momento de la posibilidad de que SAI abandonara sus operaciones en yacimientos santacruceños, aunque no desconocía las versiones que se manejaban en los ámbitos gremiales.
Afirmó que la principal misión del gobierno fue procurar que la crisis internacional que afronta la industria petrolera no causara un fuerte impacto en esta provincia y por ello al sector empresarial se le venía pidiendo desde hace varias semanas que mantuviera al límite posible sus operaciones a fin de asegurar las fuentes laborales y consecuentemente la producción de crudo ya que de ella también dependen los ingresos por regalías.
Al mismo tiempo, citó que en medio de esta difícil situación surgió el conflicto laboral en SAI, lo que motorizó una espiral de gestiones de dirigentes gremiales, tanto de Chubut como de Santa Cruz, y la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación y de la Secretaría provincial de Trabajo, hasta que finalmente el problema pudo superarse.
Sin embargo, el ministro también consideró que dentro de ese conflicto puntual quedó en evidencia que hubo actores que mezclaron intereses personales en una interna gremial, en la que también confluyeron otros factores empresariales e incluso de orden político que arrastraron a un grupo de trabajadores a generar bloqueos que no solo perjudicaron la actividad de muchas empresas, sino también de una masa de alrededor de 10 mil petroleros.
Basanta se abstuvo de citar nombres de quienes consideraba como posibles propulsores de generar este tipo de conflictos y prefirió expresar su satisfacción por el hecho de que el mismo hubiera quedado superado.

"YPF NO LE PAGA SI NO TRABAJA"
Por su parte el vicegobernador Pablo González, en declaraciones formuladas en Río Gallegos, negó terminantemente que SAI manifestara intenciones de cancelar sus contratos con YPF en Santa Cruz y optara por permanecer solamente en el sector chubutense de la cuenca del Golfo San Jorge.
Aun así, puso de relieve que "la empresa, claramente, está muy preocupada porque con la cantidad de conflictos que se han dado a lo largo del año son más los días en los que no pudo trabajar que en los que sí", recalcando que como contratista de YPF "la operadora le paga si trabaja, sino no".
Para refrendar sus dichos, precisó que en el transcurso de esta semana "debido a la decisión de 50 trabajadores, 1.200 no podían ir a trabajar, y esos sueldos San Antonio los tiene que pagar igual, aunque YPF no le reconozca los días de huelga".
"Es así que la empresa viene teniendo pérdidas desde principios de año, pero se está trabajando con Claudio Vidal (el secretario general del sindicato petrolero) para tratar de preservar las fuentes de trabajo que es lo que todos queremos", puntualizó. (LVS)

Domingo, 14 de agosto de 2016