La sala civil de la Cámara de Apelaciones falló contra el Ejecutivo Municipal de la ciudad de Río Grande en una causa laboral iniciada por alrededor de 200 empleados por la aplicación del decreto 1428. El monto a pagar implicarían más de 300 millones de pesos para la ciudad. En el Municipio, y el Concejo, hay preocupación.

La demanda laboral fue iniciada por más de 200 empleados municipales y del Concejo Deliberante en el año 2007 como resultado de lo que entendían una incorrecta liquidación del Decreto 1428 ocurrida desde la administración de Jorge Colazo.

La causa había sido declarada nula por la Jueza Laboral, la Dra. Miriam Edith Cristiano, sin embargo fue apelada por distintos abogados particulares que representan a los trabajadores.

La mencionada apelación prosperó ante la sala civil de la Cámara de Apelaciones desde donde se falló en sendas causas contra el Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante, por un total aproximado de poco más de 200 empleados municipales.

El fallo fue votado, por unanimidad, por los tres camaristas Francisco de la Torre, Josefa Haydeé Martín y Ernesto Löffler que de esta manera revocaron la nulidad de primera instancia y resolvieron la cuestión de fondo.

La resolución asegura que la ciudad tiene que pagar el decreto 1428, que establece la forma de pago a empleados de la administración pública, en los adicionales generales y particulares, y que estos últimos deben liquidarse sobre el sueldo básico y zona.

Esta medida certifica que los haberes están mal liquidados, por lo que se entiende que debe corregirse, además de pagarse en forma retroactiva lo mal liquidado, a la fecha de interposición del reclamo, retrotrayéndose al año 2007.

Esto sumado a intereses y costas, multiplicado por la cantidad de trabajadores que componen la demanda, llevan el saldo de la contienda judicial a lo que debería ser el desembolso de la ciudad por 300 millones de pesos aproximadamente.

La preocupación situación es analizada en reunión de gabinete, ante la notificación judicial en las últimas horas, por lo que se dispondría la casación ante el Superior Tribunal de Justicia como medida más inmediata, ante el colapso que esto significaría a las finanzas de la ciudad. (Tiempo Fueguino)

Jueves, 31 de julio de 2014