La declaración aprobada defiende la Ley Corta, le pide a Galuccio que respete el “verdadero federalismo” y apoya las gestiones realizadas por los gobernadores de la OFEPHI. Mientras el diputado Muñiz pide que se proponga al Congreso Nacional que esa ley sólo pueda modificarse con los dos tercios de los votos, Risso planteó que debe derogarse el contrato firmado entre Chubut e YPF.

La provincia del Chubut plasmó su postura contraria a la modificación de la Ley Corta y cualquier cambio a la Ley Nacional de Hidrocarburos que altere la soberanía del Estado provincial sobre los yacimientos. Fue a través de una declaración conjunta elaborada ayer en la Legislatura por todos los bloques.
El diputado Gustavo Muñiz aportó en el debate legislativo que debería impulsarse una modificación a la Ley Corta para que se le incluya un artículo que impida cualquier modificación futura si no es con dos tercios de los votos, tal como se plasmó en la ley de soberanía hidrocarburífera y expropiación de YPF. Así, esa legislación quedaría “blindada” de cualquier intento de alteración.
“Hice una analogía con la Ley de Expropiación de YPF. Allí dice sobre la sindicalización de acciones, donde el Estado y provincias son socios del 51% y deben tener una misma postura en las asambleas. Y el artículo 10 de esa ley dice que si se transfieren acciones, cuando se modifique la ley tiene que haber una mayoría especial de dos tercios”, explicó el diputado Muñiz a Diario Patagónico.
El referente del bloque del PJ no detuvo ahí su argumentación. Señaló que de la misma firma que en los régimenes de promoción industriales se habla de estabilidad fiscal para las empresas, debe haber una estabilidad para las provincias cuando se sancionan leyes importantes como la Ley Corta que reglamenta un derecho constitucional.
La idea de Muñiz fue bien aceptada también dentro del bloque de la Unión Cívica Radical, que está constituido por Roberto Risso y José Luis Lizurume, por lo que confía en que llegue a manos de los tres senadores nacionales por Chubut: Marcelo Guinle, Mario Cimadevilla y Graciela Di Perna.
Risso fundamentó que si bien el radicalismo apoya la defensa de las provincias de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) sobre la Ley Corta, esa defensa debería comenzar por derogar el contrato de renegociación con YPF firmado el año pasado por el Gobierno del Chubut, que plantearía la prevalencia de la ley nacional sobre la provincial.

CON LOS PETROLEROS
Con la presencia de los sindicatos de Petroleros Privados y de Petroleros Jerárquicos, la sesión especial tuvo como tema de tratamiento el consenso de una declaración que será remitida con copia a la presidente Cristina Fernández de Kirchner, los gobernadores de la OFEPHI, el Senado y Diputados de la Nación, los intendentes chubutenses y la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos.
El diputado de extracción sindical petrolera, Carlos Gómez, hizo un racconto de los acontecimientos de la actividad hidrocarburífera desde la sanción de la Ley Corta en la cuenca del Golfo San Jorge. Les pidió a los senadores y diputados nacionales que apoyen la postura de las provincias de la OFEPHI.
Además recordó que el artículo 2 de la Ley Corta, numerada con el 26.197, señala: “las provincias asumirán en forma plena el ejercicio del dominio originario y la administración sobre los yacimientos de hidrocarburos que se encontraren en sus respectivos territorios y en el lecho y subsuelo del mar territorial del que fueren ribereñas”.
La declaración aprobada ayer en la Legislatura (por unanimidad, sólo faltó a la sesión Eduardo Daniel) expresa que ese poder del Estado chubutense sostiene la plena vigencia de la Ley Corta y su anclaje constitucional en el artículo 124 de la Carta Magna nacional. Se señala al CEO de YPF, Miguel Galuccio, para que también defienda la soberanía de los recursos “bajo el verdadero federalismo”. (El Patagónico)

Viernes, 8 de agosto de 2014