Desde hace días se ha hecho visible el conflicto entre Fortaleza y la UTE, el mismo se origina a partir del la finalización del contrato que ambos privados mantenían y que no fue rescindido sino que finalizó.

En este sentido, el mismo fue incumplido reiteradas veces por la empresa de seguridad privada Fortaleza.
Al respecto lo primero que hay que dejar en claro es que no hay un reemplazo de policías por trabajadores sino que son dos cosas diferentes. Como en muchos casos tanto la seguridad privada que contrata una empresa (en este caso la UTE) convive con efectivos policiales; tal es el caso de las petroleras que cuentan con adicionales de este tipo de manera constante (YPF tiene más adicionales de la policía que los que hoy tiene la UTE en Santa Cruz)

Por otra parte en el caso de la UTE la empresa se encuentra por contrato cumpliendo con el Estado Nacional, los bienes que allí se encuentran son patrimonio del Estado Nacional por ende de todxs lxs argentinos y es su obligación el resguardo de los mismos. Ellos como empresa deben resguardar lo que es patrimonio del Estado y la empresa Fortaleza no estaba cumpliendo con las condiciones mínimas ni garantizaba la seguridad del campamento.

En relación al reclamo de los trabajadores de la empresa Fortaleza también se debe dejar en claro que no fueron reemplazados por agentes policiales, incluso luego de la negociación llevada adelante la empresa se comprometió a incorporar a 20 de los trabajadores de la misma, a lo que el sindicato pretende imponer que se sume a la totalidad. En este sentido se continúan las negociaciones y se espera voluntad del gremio, algo que no parece existir ya que hoy desde un sector mostraron hostilidad poniendo en riesgo la vida de cientos de trabajadores y afectando el patrimonio del Estado. Amenazando con prender fuego un camión de YPF (algo que genera consecuencias negativas en el desarrollo productivo y afecta el normal desempeño de los 2 mil trabajadores que se encuentran en el campamento).

Hay que tener en cuenta que *Represas* es hoy el proyecto más importante en términos de desarrollo productivo que tiene la provincia de Santa Cruz. El accionar de un grupo que considera que amenazando con prender fuego el camión de YPF o impidiendo el ingreso de comida e insumos al campamento es la solución genera pérdidas que ya equivalen a 130 millones de pesos en lo que va del conflicto. En un contexto de crisis como el que atraviesa el país y al que la región no es ajena esto perjudica no solo el proyecto sino la imagen del país en el marco internacional ya que los inversores chinos ven con preocupación la situación.

Han sido muchas las demoras en el proyecto de las *represas* y ahora que se está trabajando en el desarrollo de la misma, con ingresos de 150 personas por mes proyectados, este conflicto entre privados que tiene sus fundamentos en el incumplimiento de Fortaleza y en la finalización de un contrato pone en riesgo el futuro del mismo.

*Algunas de las cuestiones que tienen que ver con el incumplimiento ya han sido explicadas* pero además desde la UTE confirmaron que hace meses se le solicitó a Fortaleza que incorporara vigiladoras mujeres para el control de ingresos (bolsos) de trabajadoras y trabajadores que se desempeñan en el Campamento y la empresa de seguridad no se hizo nunca eco del pedido que se vincula con una mirada de género necesaria en los tiempos actuales. Tampoco el constante incremento del contrato de Fortaleza hacia la UTE se vio reflejado en los salarios de sus empleados, de quienes dicen “estar pendientes”.

Actualmente en el campamento trabajan 2 mil personas, para nuestra provincia eso equivale a un municipio por lo que la garantía de contar con un destacamento policial a futuro ha sido siempre una posibilidad. En este sentido cuestionar la presencia de 40 efectivos policiales o pretender instalar que los mismos “vinieron a reemplazar” a los vigiladores privados no es un argumento válido (menos considerando la importancia geopolítica del emprendimiento energético).

Por otra parte, los gremios UOCRA y Camioneros han desmentido apoyar el accionar de este grupo de trabajadores que impiden el normal desarrollo del trabajo, el ingreso de alimentos y combustible.

La provincia debe resguardar los bienes del lugar en tanto que como ya se ha dicho, se trata de patrimonio del Estado Nacional. También garantizar el trabajo no solo de los 2 mil trabajadores sino también de las empresas contratistas que están involucradas con el proyecto. Teniendo en cuenta el empleo que existe y que se genera a futuro en esta obra de envergadura que es hoy la más importante de la región.

La UTE insistimos ha tenido el gesto de incorporar a 20 trabajadores para tareas en la obra, pero no parece haber voluntad de parte del empleador (Fortaleza) y de algunos trabajadores que hoy han mostrado una mayor hostilidad como queda claro en las imágenes que se han difundido sin importa las consecuencias que lo que hicieron tiene en relación a la vida de sus pares.


Jueves, 22 de agosto de 2019