El abogado Guillermo Iglesias, representante de la jueza Mara del Rosario Alvarez, una de las dos juezas de Caleta Olivia que el 21 de mayo fueran preventivamente suspendidas por un Tribunal de Enjuiciamiento -al atriburseles responsabilidad en el caso de la presunta adopcin ilegal de una beba-, consider que todo se circunscribe a una maniobra de poder poltico direccionada a disciplinar a los jueces, habida cuenta que la denuncia fue presentada por una integrante del Ejecutivo, la ministra de Desarrollo Social, Paola Vassvessian, pero con endebles fundamentos que fueron rebatidos por su defendida en la audiencia testimonial que se realiz a posterior de Jury.
Vale recordar que las adems de Alvarez, jueza de Familia, la suspensin tambin correspondi a quien era titular del Juzgado del Menor, Anglica Popis Zari, la cual haba solicitado la adopcin de una beba a la que su madre biolgica inicialmente no quera criar.
El caso tambin salpic a la titular del Juzgado Civil y Comercial, Malena Totino, pero debido a que la misma solicit una licencia prolongada por razones familiares, se presume que la resolucin del Tribunal de Enjuiciamiento qued momentneamente suspendida hacia su persona.
S se extendi al defensor oficial de esta misma ciudad, Walter Martnez, en tanto que el Ministerio de Salud resolvi separar de su cargo de directora del Hospital Zonal, la mdica Patricia Zari, supuestamente a entender que haba facilitado trmites para beneficiar a su hermana con la adopcin de la beba.
Sin embargo, la pequea nunca fue entregada a la jueza Anglica Zari sino a las autoridades de la Oficina Municipal de la Niez e incluso ello se concret cuando la directora del nosocomio, Patricia Zari, se hallaba fuera de la ciudad por vacaciones.
CUMPLIO CON LA LEY
En el caso de la jueza Alvarez, el abogado comodorense Guillermo Iglesias dijo que en la audiencia testimonial su defendida pudo demostrar que cumpli la ley y fue ms all con todas las medidas de proteccin hacia la beba y su madre, dndole intervencin como corresponda a la Defensora Oficial y a la Oficina Municipal de la Niez, es decir que cubri los derechos de todas las partes intervinientes, puntualiz.
No es una situacin para destituir a alguien sostuvo Iglesias y evalu que el Poder Judicial pensar que le debe un favor a alguien en clara alusin al Poder Ejecutivo.
En ese mismo sentido, a modo de irona, indic que todo hace pensar que el objetivo es disciplinar a los jueces para que hagan mal su trabajo porque si lo hacen bien en lo sucesivo tendrn problemas, resaltando adems que su defendida tiene una conductora profesional intachable, tratndose de una jueza que siempre aplic las normativas de una manera justa. (Fuente: El Patagnico)
DESARROLADO POR:
