En la actualidad, el 99 por ciento de los vencimientos de deuda de Santa Cruz son en moneda nacional y en una mayor proporción con la Administración central, lo que deja a la provincia en una mejor posición que el resto de las jurisdicciones de la región que tienen sus deudas en dólares y con acreedores internacionales.
La provincia gobernada por Alicia Kirchner representa uno de los casos más paradigmáticos en cuanto a lo sucedido en los últimos casi cuatro años. El revanchismo político del presidente de la Nación hizo que le recortaran la casi totalidad de sus obras públicas, principalmente la construcción de las Represas Hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz que tardaron tres años en reactivarse, y el abandono absoluto de la Mega Usina Térmica de 240 MW de Río Turbio, con un avance físico de su obra del 85 por ciento para diciembre de 2015. También hubo un recorte en las transferencias directas de recursos como los ATN y la aplicación de un mecanismo cuasi extorsivo con los adelantos de coparticipación.
Veamos un ejemplo: si la provincia solicitaba un adelanto de coparticipación y el Gobierno nacional accedía a realizar el desembolso, apenas depositaba el dinero, por ejemplo un dos de marzo, la Administración Central comenzaba a descontarle de manera automática dichos recursos al día siguiente, cuando la financiación de los adelantos suelen ser a más largo plazo.
En las semanas posteriores a ese desembolso, en vez de recibir los recursos de la coparticipación que “gotean de manera automática”, la provincia estuvo obligada a cancelar los adelantos. Por ende, durante 15 días aproximadamente dejaba de recibir recursos genuinos, lo que le generó a la jurisdicción un importante bache financiero.
Los problemas de ahogo económico impulsados por el Gobierno nacional fueron usufructuados por la oposición local que pretendió instalar un clima de conflictividad política permanente –magnificado por los medios de comunicación hegemónicos porteños- para forzar la renuncia de la gobernadora.
Ante la ausencia de recursos para financiar los gastos corrientes, la provincia modificó las alícuotas de Ingresos Brutos para mejorar sus recursos propios, sumado a la creación de nueva agencia de recaudación. También se pretendió conseguir en la Legislatura una ley que habilitara a la provincia a tomar deuda en dólares pero la oposición lo impidió. En este sentido, el caso de Santa Cruz es paradójico. Quizás, la única virtud del radicalismo y la Alianza Cambiemos local haya sido impedir ese endeudamiento en dólares, situación que en la actualidad se devino en una ventaja comparativa y competitiva en relación al resto de las jurisdicciones patagónicas.
Al cuarto trimestre de 2018, el stock de deuda de la provincia era de 10.613 millones de pesos, según los datos de la Subsecretaria de Relaciones Provinciales del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda. En comparación con el mismo período del año anterior, su deuda bajó un 5 por ciento. Esta es la única jurisdicción de la Patagonia que redujo su stock total de deuda de un año al otro. En relación a su acumulado a diciembre de 2015, sus pasivos tuvieron un incremento del 60 por ciento, un porcentaje relativamente bajo si se lo compara con las demás provincias de la región. Lo que sí tuvo un fuerte incremento fueron los intereses generados por la deuda en pesos contraída con el Gobierno nacional, que pasó de los 27 millones (diciembre 2015) a los 1727 millones de pesos al cierre del año pasado, es decir un incremento del 6296 por ciento.
Según la consultora FIX, asociada a la internacional Fitch, Santa Cruz cuenta con una autonomía fiscal superior a la media provincial. La modificación de las alícuotas para Ingresos Brutos colaboró con esta situación, sumada a los ingresos por regalías petroleras incrementadas (artificialmente) por la mega devaluación del Gobierno nacional. Sin embargo, no todo es mérito de la renta petrolera ya que dichas regalías representarían sólo el 28 por ciento de los ingresos corrientes de la provincia.
En 2015, la deuda directa de Santa Cruz en relación a sus ingresos corrientes era del 42,76 por ciento, mientras que el año pasado descendió al 29,5 por ciento. Es decir, hubo un desendeudamiento relativo del 31 por ciento medido de esta manera, situación que le permitió a la administración provincial incrementar sus gastos de capital (obra pública), cubrir los diferentes programas eliminados por Nación, subsidiar durante el primer año de gestión el incremento tarifario de la luz y el gas, o tapar los huecos financieros producto de la eliminación del Fondo Federal Solidario y los reembolsos a las exportaciones por puertos patagónicos, por citar algunos ejemplos.
Según FIX, los gastos de capital representaron un promedio del 3,6% de los gastos totales durante el período 2013-2017 (niveles muy bajos en relación a la media del país). Pero al tercer trimestre del 2018 la inversión pública saltó al 8,6 por ciento del gasto total. Si bien todavía es un nivel bajo en comparación con el resto de las jurisdicciones, en un año la inversión de capital santacruceña creció un 138 por ciento. (La Nación)