La investigación que se inició por la denuncia de Ricardo Trovant llevó al Ministerio Público Fiscal a comprobar que durante la gestión de Abel Reyna en la delegación local existieron irregularidades en el proceso de adjudicación de viviendas. Hay al menos siete personas de las áreas de Adjudicación y Secretaría Privada bajo sospecha. En los últimos días hubo retiro y quema de documentación.

“La Fiscalía comprobó que existieron maniobras irregulares de adjudicación de viviendas por parte del Instituto”, sostuvo la fiscal general Camila Banfi en la conferencia que brindó junto a su superior, Marcelo Crettón.
Tal como adelantó en forma exclusiva Diario Patagónico en su edición anterior, la Fiscalía local avanzó en torno a la denuncia radicada el 2 de setiembre por el presidente del IPV, Ricardo Trovant, y lo hizo con allanamientos en los domicilios del ex delegado Abel Reyna y de dos empleados de su entorno: Maximiliano González y Darío Acosta.

La causa le fue designada a la fiscal general Camila Banfi, quien junto a las requisas domiciliarias solicitó la autorización judicial para ingresar a la delegación local del IPV en busca de documentación de interés para la causa. Estas últimas diligencias se realizaron con las primeras luces de la mañana de ayer, bajo la autorización del juez José Rago.

IRREGULARIDADES

Al término de los allanamientos la fiscal que conduce la causa, Camila Banfi, junto al jefe de fiscales, Marcelo Crettón, ofrecieron una conferencia de prensa para brindar detalles. Allí resaltaron que se trata de una causa compleja que se haya en la etapa de averiguación preliminar y que la misma surgió a raíz de la denuncia genérica que el 2 de setiembre presentó el titular del IPV provincial, Ricardo Trovant, quien sindicaba a personas externas y también a empleadas del organismo, agregándose que existirían “coimas” para comprar viviendas o acelerar trámites.

“A parir de esa denuncia la Fiscalía inició una investigación que lleva casi dos meses y en este tiempo se recabaron cerca de 20 entrevistas, varias de las cuales fueron a personal del Instituto. De ahí fue que surgieron testimonios fundamentales para la investigación y se derivó en un hecho bastante importante en el que la Fiscalía comprobó que existieron maniobras irregulares de adjudicación de viviendas por parte del Instituto y a partir de la gestión llevada adelante por el señor Abel Reyna”, sostuvo Banfi.

La fiscal aseguró que la mayoría de los entrevistados coincidieron en afirmar que desde que ingresó Reyna como delegado a la zona sur del Instituto Provincial de la Vivienda, “se cambió la modalidad de adjudicación por un procedimiento arbitrario e ilícito”.

A partir de esos testimonios, la Fiscalía determinó que las irregularidades derivarían en hechos de origen delictivo que les permitió presumir que “existieron incumplimientos graves de los funcionarios públicos del área de Adjudicación y Secretaría Privada, que son personas que trabajaban íntimamente ligados con Abel Reyna y puntualmente a Darío Acosta, que es una de las personas sindicadas como quien organizaba estas maniobras de adjudicaciones sin cumplir con requisitos”.

DELITOS A LA VISTA

Además –se aseguró–, se pudieron verificar otros delitos contra la Administración Pública que están en investigación y que darán a la luz otras situaciones de cohecho activo o pasivo y esto tiene que analizarlo la Fiscalía en base a la documentación secuestrada ayer en la delegación del IPV, como en la obtenida en los domicilios allanados durante la jornada del miércoles.

Se pudo saber que a partir del listado que obtuvo la Fiscalía sobre los empleados permanentes de la delegación, se resolvió separarlos del grupo de personas que trabajaba con Reyna y Darío Acosta en el área de Adjudicación y a estas personas no se les tomó entrevistas porque en definitiva es esa el área que se está investigando, al igual que la Secretaría Privada.

“Al resto del personal se lo entrevistó a todos y así surgió que hubo quema de papeles y en los últimos días se sacaron cajas con documentación. Frente a esa situación preocupante fue que se resolvió hacer el allanamiento en el Instituto. La idea es analizar esa documentación lo más pronto posible. No queremos interferir en el normal funcionamiento del IPV y se lo hice saber al actual delegado, Guillermo Almirón, quien se mostró predispuesto a colaborar”, sostuvo la fiscal.

A todo esto, con respecto a las personas que trabajan en Adjudicación y Secretaría Privada, la fiscal deberá analizar si hubo obediencia debida; si los delegados realizaban órdenes que estas personas tenían que ejecutar por su tarea o la tarea que cumplía, como pudo ser llevando documentación, desconociendo el tipo de documentación que llevaban, quemaban o sacaban”.

Por lo pronto existen al menos siete sospechosos y sobre ellos se debe determinar cuál fue el rol que cada uno tuvo. Esa determinación se hará luego de analizar la documentación que se recabó. De todas maneras, todas aquellas personas que puedan sentirse damnificadas por lo que la Fiscalía está investigando, pueden designar un defensor y controlar lo que se está haciendo en la recolección de prueba y tomar vista del expediente, cuyo legajo fiscal es el 63.430. (Patagonico)

Viernes, 31 de octubre de 2014