El Poder Ejecutivo de Santa Cruz se mantiene inflexible al reclamo de incremento salarial de cientos de policías acuartelados desde el jueves en dependencias operativas de Caleta Olivia y Río Gallegos. No respondió al petitorio por el cual solicitan que el piso de la escala se eleve a 15.600 pesos y ratificó que los procesará acusándolos de incurrir en el delito de “sedición”.

Las cifras de acatamiento a la medida de fuerza que en rigor comenzó el miércoles con un inicial “quite de colaboración” son confusas ya que el gobierno transmitió que el conflicto está principalmente focalizado en la ciudad del Gorosito con un adhesión de 250 efectivos.

En tanto, voceros del grupo “autoconvocados”, terminología que utilizan para convencer a las autoridades políticas de que su reclamo se limita estrictamente a lo salarial, aseguraron ayer que son más de 800 entre esta ciudad y Río Gallegos.

La única coincidencia esgrimida por ambos sectores radica en que esta protesta se hizo por fuera de la Asociación Civil Policial, la única que reconoce el gobierno con representatividad en el Consejo del Salario y desconoce el grupo de disidentes.

El ministro de Gobierno, Gustavo Martínez, con la anuencia del gobernador Daniel Peralta, volvió a dejar en claro que “no vamos a negociar bajo presión” y atribuyó este conflicto a otras cuestiones que van más allá de lo estrictamente salarial con fines “desestabilizadores”.

De paso reiteró dos aspectos puntuales: que las condiciones económicas y financieras del Estado santacruceño no están para dar aumentos salariales, al menos de aquí a fin de año y que ya se presentó la denuncia penal por “sedición” ante la Fiscalía de Estado, delito que contempla una pena de hasta cuatro años de prisión.

En contraposición a ello, los acuartelados solicitaron a través del mismo petitorio que “no se judicialice el reclamo del personal policial, en virtud de ser un derecho adquirido en nuestra Constitución Nacional de acuerdo al artículo 14 Bis incorporado en la reforma de 1957”.

ASESORAMIENTO JURIDICO
De hecho, este conflicto ya está judicializado y ello motivó que el viernes por la noche decenas de acuartelados en Caleta se reunieran a puertas cerradas en un sitio no precisado con la presencia de un abogado particular, quien les brindó asesoramiento jurídico sobre consecuencias legales que podría deparar la medida de fuerza.

Se sabe que luego de esa reunión, un reducido número de policías decidió retomar sus funciones habituales, entre ellos personal del Gabinete Social y parte de la dotación de la subcomisaría Ramón Santos ubicada en el límite interprovincial.

A éstos últimos se les habría prometido un “bono extra” en concepto de desarraigo, pero nadie confirmó esa versión ante insistentes requerimientos periodísticos.

En contraposición a ello, fuentes de extrema confianza revelaron que una veintena de efectivos de la Comisaria Segunda se plegaron al paro, tratándose de la única dependencia en la que hasta ese mismo día la asistencia era perfecta.

Por otra parte trascendió que en Río Gallegos el acuartelamiento en cinco comisarias podría comenzar a perder fuerza, en base la escasa concurrencia a una manifestación pública que habían convocado el viernes por la noche familiares de los policías plegados a la medida.

ORDENAN CIERRE DE LOCALES NOCTURNOS
En Caleta Olivia, la inicial “sugerencia” que hizo el municipio a los comerciantes para que cerraran sus puertas a las 19:30 como medida de seguridad preventiva, se reforzó con una resolución por la cual a partir del viernes quedó expresamente establecido que todos los locales nocturnos deben cesar sus actividades a medianoche de cada jornada.

La medida abarca a pubs, restaurantes, confiterías, casino y las whiskerías que aún no tienen sus permisos vencidos, hecho que motivo un virtual y masivo éxodo de gente, sobre todo jóvenes, hacia centros de diversión de Comodoro Rivadavia.

En tanto, se mantienen las constantes rondas de efectivos de Gendarmería y Prefectura Naval, que fueron requeridos por el gobierno provincial al convocar al Consejo Nacional de Seguridad Interior.

Ese personal trabaja en coordinación con el policial que no está adherido a la huelga y todas las medidas adoptadas hacen que hasta el momento se mantenga la seguridad pública en el ejido urbano. (Patagónico)

Domingo, 2 de noviembre de 2014