Diana Roman, secretaria de discapacidad de CTA y colaboradora en el Observatorio de Discapacidad, informó sobre la situación del sector, que decidieron hacer pública ahora, si bien hace varios meses que el problema está instalado. “Tenemos familias que ya han pasado por 40 amparos”, indicó

El Ministerio de Desarrollo Social decidió no dar más pensiones por discapacidad hasta el año próximo, por no contar con recursos. Desde el Observatorio de Discapacidad se organiza una movilización a la Legislatura. La mayoría viene optando por la vía del amparo para acceder a su derecho, pero hasta se le negó al Defensor Oficial. Diana Roman planteó extremos, como una familia que lleva 40 amparos por falta de respuesta de distintas dependencias. Fernandito, un caso difundido en los medios, tuvo que volver de Buenos Aires con un pasaje cedido por un político, porque tampoco había fondos.
Diana Roman, secretaria de discapacidad de CTA y colaboradora en el Observatorio de Discapacidad, informó ayer por Radio Nacional Ushuaia sobre la situación del sector, que decidieron hacer pública ahora, si bien hace varios meses que el problema está instalado.
El observatorio comenzó a reunirse precisamente por el “peregrinaje” al que se ven sometidos personas que “tienen problemas urgentes, hablamos de discapacidad y problemas de salud”, subrayó.
“Es gente desesperada que antes hacia su peregrinaje sola. Hay otros que tienen años de luchar contra el estado y asesoran a los otros papás y personas con discapacidad”, dijo, y explicó que la CTA participó en la conformación del Observatorio, que “está a nivel nacional para velar por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad”.
Con la reserva de identidad, citó el caso del padre de una nena con discapacidad que se acercó hace unos días a informarles que no salía la pensión, con la novedad de que no hay partida.
“El trámite puede tardar un año, nueve meses, hay que hacer trámites varios, primero el certificado de discapacidad para solicitar la pensión. Para sacar el certificado, se puede tardar tres meses esperando un cardiólogo”, señaló sobre la participación de una junta médica para la evaluación, dado que deben tener el 66% de discapacidad acreditado.
“Uno va a pedir un certificado de discapacidad y hasta han preguntado el beneficio económico que pretenden con la discapacidad del hijo. De ahí en adelante, lo que se les ocurra. Sorteado el trámite del certificado, hay que realizar el trámite de la pensión. El más conocido es el caso de Fernandito, donde estamos haciendo un seguimiento personal, porque se traba en las oficinas y, si no, puede demorar nueve meses, un año, año y medio”.
“Son muchos lugares por donde debe pasar, y el trámite queda dormido más de lo que debería. Una vez que está listo, la persona tendría que tener acreditada la pensión, que debería ser equivalente a una categoría 10, pero no llega a ese monto”, aseguró.

La salida judicial

Muchos padres tienen que recurrir a la justicia para reclamar este derecho. “Cuando se traba el trámite, la mayoría de las familias recurre a la Defensoría y nosotros lo alentamos porque va más rápido. Tenemos familias que, con un hijo de 9 años de edad, ya han presentado 40 amparos, por la obra social, por la pensión, por las derivaciones, por todo. Son problemas de salud y son urgentes, uno necesita el dinero ya, el medicamento, o viajar”, dijo.
Pero ya no alcanza con la justicia porque “ahora la Ministra (Marisa Montero) le responde al Defensor que evaluó el caso, que le corresponde la pensión, pero que se otorgan siempre y cuando haya partida presupuestaria, y que en este momento no cuenta con partida”.
Aclaró que “por ahora no peligran las pensiones de los que ya la tienen, pero no hay para pensiones nuevas. Hace poco la Legislatura le aprobó la libre disponibilidad de partidas, justamente”, indicó, considerando que es una decisión política del gobierno cómo aplica los fondos públicos y no un límite presupuestario.
“Nosotros tomamos conocimiento por lo menos de tres casos donde les contestan que no hay disponibilidad presupuestaria”, aseguró.
Con respecto a las cuidadoras domiciliarias, dijo que “hay cuidadoras que estuvieron seis meses sin cobrar”, en una virtual cesación de pagos. “Les hacen facturar y les pagan algo de 20 pesos la hora. Las contrata la familia y esa persona le presenta la factura al Ministerio”, señaló sobre el procedimiento.
El argumento es “el mismo: la falta de partida presupuestaria”, dijo Roman.
Mientras se pagan miles de pasajes a estudiantes fueguinos de familias adineradas, entre ellos hijos de jueces y funcionarios, “la semana pasada tuvimos que ir a los medios para que Fernandito pudiera volver a Buenos Aires porque no había plata para los pasajes”, sostuvo.
“La madre fue a Casa Tierra del Fuego y le negaron la asistencia. Al cuarto día pudimos viajar porque un político le pagó el pasaje”, dijo de cómo se resolvió esta situación.

Convocatoria

En definitiva, frente a esta negación de derechos, decidieron el jueves convocar a las personas con discapacidad y sus familias “a presentar un petitorio ante la Legislatura, para ver qué legislador nos puede recibir y oficiar de nexo con la Ministro, para encontrar una respuesta”.
“Lo importante es que se empiece a conocer y la gente empiece a saber, porque hay mucha desinformación”, concluyó. (P23)

Martes, 11 de noviembre de 2014