La Fiscalía “observó” 81 legajos que no cumplen los requisitos para acceder a viviendas del IPV. Son todos correspondientes al plan que se construyó en Ciudadela.

La causa que se inició en la Fiscalía por las irregularidades en el proceso de adjudicación de viviendas de Ciudadela, tuvo un nuevo avance y los investigadores señalaron “observaciones” en 81 legajos, los cuales serán girados a Rawson para ser peritados por el equipo interdisciplinario que dispuso la Procuración General. El resto de la documentación no está afectada en esta etapa y hay 28 viviendas que no forman parte de ningún listado.

Un equipo interdisciplinario de la Procuración General se encargará de llevar adelante todas las pericias que sean de utilidad en la causa que conduce la fiscal general, Camila Banfi, la cual está relacionada con las maniobras irregulares que se detectaron en el proceso de adjudicación de viviendas en la delegación Comodoro Rivadavia del IPV mientras se desempeñaba como delegado Abel Reyna.

Se debe recordar que la causa -identificada con el número de legajo fiscal 63.430- se inició el 2 de setiembre a partir de la denuncia que radicó el propio presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Ricardo Trovant, ante el Ministerio Público Fiscal.

Con el correr de los días y el análisis de los testimonios recabados durante las averiguaciones preliminares, se llegó a comprobar que “durante la gestión de Abel Reyna en la delegación local existieron irregularidades en el proceso de adjudicación de viviendas” y se puso bajo sospecha a por lo menos siete personas de las áreas de Adjudicación y Secretaría Privada.

Tal como lo informó en exclusiva Diario Patagónico, el 29 de octubre se llevaron a cabo tres allanamientos domiciliarios: uno en la casa del ex delegado y los restantes en los domicilios de los empleados Maximiliano González y Darío Acosta, de donde se secuestraron elementos de interés para la causa que serán sometidos a las pericias anunciadas.

EN BUSQUEDA DE PRUEBAS
Además de Reyna, los dos empleados de la delegación antes mencionados designaron defensores particulares con el fin de controlar la producción de la prueba que requerirá la acusadora pública.

Por el momento el trabajo está centrado en el plan de viviendas que se construyó en el barrio Ciudadela, donde se detectó un listado de 81 adjudicaciones cuyos “beneficiarios” no cumplen los requisitos para acceder a las mismas. En algunos de estos casos se advirtió que hay quienes ya tienen viviendas oficiales o son propietarios sin necesidades habitacionales insatisfechas.

De todas maneras, esas carpetas que fueron “observadas” serán giradas a Rawson para someterlas al análisis de los expertos en la materia y cuando ello esté dispuesto se notificará a las respectivas defensas para que tomen vista de las medidas de prueba a producirse.

Otro dato que surgió del primer análisis de la documentación es que existen 28 viviendas -de las construidas en Ciudadela- que no están incluidas en ningún listado.

Se debe recordar que al día siguiente de las requisas domiciliarias se llevó a cabo un importante allanamiento en las oficinas que la delegación local del Instituto Provincial de la Vivienda tiene en avenida Rivadavia y Asturias, de donde se secuestró gran parte de la documentación que está bajo sospecha.

Como se dijo en ediciones anteriores, la Fiscalía pretende que esta causa sea declarada compleja en virtud de la multiplicidad de actores, el cúmulo de material documental y los plazos de investigación que demandarán. De todas maneras, ello se solicitará oportunamente y el momento llegará durante la audiencia de apertura de la investigación, la cual se estima hacer antes de que finalice diciembre. (El Patagonico)

Lunes, 17 de noviembre de 2014