El comisionado de fomento de la localidad, Jorge Soloaga, criticó con dureza la postura asumida por la empresa Camuzzi Gas del Sur, acusándola de pretender vender los inmuebles ocupados por sus trabajadores pasivos y activos a montos exagerados que llegan hasta los 600 mil pesos.

El funcionario recordó que Camuzzi Gas del Sur y Transportes de Gas del Sur (TGS) son empresas que se quedaron con la concesión del servicio público y que comenzaron a operar en la zona patagónica a partir de la privatización de Gas del Estado en la década del 90 del siglo pasado.

Citó además que ambas incorporaron a su patrimonio las viviendas que recibieron de Gas del Estado, “como parte de los activos enajenados”, y que en el caso de Comodoro Rivadavia las que pertenecieron a la ex estatal las vendieron a quienes la venían ocupando, tratándose de empleados activos y pasivos.

“Debido a que las mismas carecían de interés empresario para la operación del servicio específico de distribución de gas –acotó-, esa transferencia la hicieron a precios amortizados por el uso, es decir por sumas que oscilaron en su momento en los 15 mil pesos”.

“Sin embargo –aseguró-, en el caso de Cañadón Seco no se aplicó la misma metodología que en Comodoro Rivadavia y, por el contrario, Camuzzi dilató y especuló hasta hoy con la venta de viviendas, pretendiendo ahora que sus ocupantes abonen sumas que van desde los 250 mil a los 600 mil pesos”.

“NO LO VAMOS A PERMITIR”
Debido a esta situación, Soloaga se reunió el sábado con medio centenar de vecinos que residen en el barrio Gas del Estado (también denominado 5 de Octubre), el cual se encuentra sobre la margen norte de la Ruta Provincial 12.

Los mismos le expresaron su preocupación y angustia por la actitud de Camuzzi que intenta venderles las viviendas “a valores exorbitantes e inadmisibles, ejerciendo para ello acoso y presión, intimándolos a entregar dichos inmuebles en algunos casos”.

Por tal motivo, el comisionado afirmó que como representante de esa comunidad “no voy a convalidar bajo ninguna circunstancia que vengan de prepo a buscar negocios inmobiliarios con quienes vivieron el drama de las privatizaciones de las empresas públicas en la década del 90”.

“No se aceptará de ninguna manera que pretendan poner valores a viviendas que hoy tienen valor cero por su depreciación inmobiliaria objetiva y la amortización, producto del mantenimiento, refacciones, cuidado e inversiones diversas y guardas, efectuadas por quienes viven hace más de veinte años en las mismas”.

Finalmente, Soloaga sostuvo que desde la comisión de fomento “vamos a adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento estricto de principios constitucionales fundamentales, como ser el derecho de igualdad previsto en el artículo 16 de nuestra Carta Magna”.

En ese sentido, puso de relieve que “también nos reservaremos el derecho de solicitar a la Legislatura Provincial la declaración de utilidad pública y respectiva expropiación de los inmuebles, a favor de los ocupantes es esas viviendas”. (Patagònico)

Jueves, 11 de diciembre de 2014