La misiva de la entidad gremial manifiesta lo siguiente:
“ADOSAC, como organización gremial cuyo horizonte es velar por los derechos de todos los docentes de la provincia de Santa Cruz, cumple e informar a la opinión pública y reclamar ante las autoridades del gobierno provincial, por la crítica situación que atraviesan los docentes del Instituto Cristiano de Enseñanza Patagónico “ICEP”, cuyo personal se encuentra adherido a nuestra medida de fuerza (paro por 120hs), en el marco de la retención de tareas ante el incumplimiento expreso del pago de sueldos y aguinaldos tanto por parte del gobierno de Santa Cruz, como por los responsables/propietarios del instituto de enseñanza privada”.
“Este gremio quiere dejar expresado que con fecha 3 de agosto de 2016, se puso en conocimiento del Consejo Provincial de Educación, a la Dirección de escuelas Privadas y al Director del ICEP, José A Díaz, que su personal adhiere a las medidas de la ADOSAC, por falta de pago, incumplimiento de los acuerdos paritarios y falta de bancarización de los docentes que actúan en el sector privado”.
ADOSAC exigió al Estado que controle y a al gobierno de Santa Cruz, a través de sus organismos competentes, como en este caso el Consejo Provincial de Educación, ejerzan autoridad “sobre la conducción de este establecimiento, encuadrando a la actividad educativa privada, en la misma requisitoria y exigencias a las que somete a la educación pública”.
Además resaltó “la situación que se vive dentro del ICEP no es nueva y ha sido motivo de preocupación de la ADOSAC desde hace mucho tiempo. Parte de esos reclamos han surgido de los propios docentes del instituto, pero también de padres y alumnos”.
Por otra parte, el gremio señala que el gobierno provincial “ha seguido subsidiando al establecimiento, pero nunca ha formalizado un control acorde a la calidad de educación y servicio que se ha comprometido a ofrecer el ICEP, el cual, en la realidad, dista mucho de lo bueno y honesto que debe ser”.
También hizo referencia a “las denuncias que han realizado sobre las deficiencias estructurales del edificio donde funciona, al punto de no poseer la habilitación correspondiente para funcionar, se le deben agregar actitudes reñidas con la docencia y con la administración de un colegio donde se educa a los niños”.
Denuncian “aprietes, persecuciones y malos tratos hacia los docentes que trabajan allí, como moneda corriente de colegas y compañeros que semanalmente, describen y denuncian los trabajadores de ese establecimiento, quienes aseguran sentirse perseguidos solo por reclamar sus derechos u opinar distinto al esquema de autoridad pre-establecido”.
Acusó al gobierno de efectuar controles laxos “e inexistentes, que ha permitido que en el ICEP, sus directivos cercenen o eliminen las discusiones sobre derechos y conquistas de los trabajadores docentes, como es el régimen de licencias o la carga horaria que cumplen en la institución. Y mucho menos aún, los docentes pueden cuestionarle a sus superiores en el cargo, un elemento sustancial de responsabilidad del Estado provincial, como es que el ICEP no tenga bancarizado a su personal; es decir, este instituto, mantiene “en negro” al personal docente, vulnerando de manera flagrante la legislación que desde el año 2001 advierte la obligatoriedad de tener a cualquier trabajador, formalizado, con todos los aportes al día e integrado al sistema de pago electrónico. La inobservancia de la ley, no podría ser posible, sin la inexistencia de controles que así lo permitan; y esto, es una responsabilidad total y absoluta de parte del Estado, del gobierno como administrador de la Educación y del Consejo Provincial de Educación, como organismo de aplicación y control”.
ADOSAC, expresó que “aquellos docentes que han decidido plegarse a nuestras medidas, han sufrido aprietes, han sido remplazados con personal de maestranza o han recibido carta documentos, planteando un supuesto “abandono de servicio”, lo cual, lógicamente, ante tamaña inconsistencia argumentativa, ya hemos denunciado por las vías correspondientes”.
En consecuencia, solicitó al gobierno “se haga cargo de reparar estos desfasajes de aquello que marcan los procedimientos en el ámbito educativo de la provincia y proceda con autoridad y sin condicionamientos, a emplazar a quien corresponda, a exigir cumplimiento estricto de las leyes laborales, los Convenios Colectivos y los derechos instituidos para todos los trabajadores, en la Constitución Nacional”.