El vicepresidente de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, anunció a través de Twitter que se reiniciaron, luego de dos años, las obras para dar curso a las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz. Lo hizo cuando aún la Corte Suprema no se pronunció sobre el per saltum que pide que se declaren nulos los estudios presentados por el gobierno nacional. Su empresa integra la UTE conformada con capitales chinos que ganó la licitación para la construcción de las controvertidas represas.

El per saltum fue solicitado por la Organización Fundación Banco de Bosques, que llegó al alto tribunal tras el rechazo en primera instancia a la cautelar que permitió al gobierno nacional anunciar, hace dos meses, la puesta en marcha de la obra.

La ONG ambiental, representada por el estudio del constitucionalista Daniel Sabsay, considera que hay gravedad institucional suficiente para haber recurrido con este recurso extraordinario ante la Corte y consideran que las obras de las represas vulneran el derecho ambiental. Por lo tanto, piden la nulidad de los estudios de impacto ambiental presentados por el Gobierno este mismo año.

Mientras el per saltum ha pasado ya por varios despachos de la Corte, Ferreyra sorprendió en las redes sociales con la publicación de un video de maquinarias pesadas trabajando en la estepa. "En la inmensidad del desierto patagónico austral, después de dos años de paralización, comienzan a trabajar las primeras máquinas de gran porte en el desvío del río Santa Cruz para luego construir la central hidroeléctrica más austral del mundo: Cóndor Cliff", dice el mensaje.

Hace dos meses, en una recorrida por Santa Cruz, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, anunció el inicio de la obra. Sobre el río Santa Cruz aún no hay huellas de la obra, pero sí están listos los obradores y los campamentos donde esperan establecerse 5000 obreros cuando la obra esté a pleno.

La jueza Macarena Marra Giménez fue quien destrabó la obra paralizada al fallar a favor del gobierno nacional y permitir el levantamiento de la segunda medida cautelar que trababa la construcción del complejo hidroeléctrico, al considerar que el gobierno nacional ya había cumplido con lo requerido por la Corte.

Esta decisión es la que generó mayor revuelo entre los ambientalistas, ya que consideran que no se expresó sobre el fondo de los planteos realizados. Ahora, intentan que sus reclamos sean escuchados por la Corte.