Hasta entonces, los litigios relacionados se resolvían por aplicación de la Constitución Nacional y el Código Civil. Promulgada el 23 de septiembre de 1910, redactada por el director de la Biblioteca Nacional, Paul Groussac, y defendida en el Senado por Joaquín V. González, estableció que el derecho de propiedad de una obra científica, literaria o artística comprende para su autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, ejecutarla, representarla y exponerla en público, de enajenarla, traducirla, adaptarla o de autorizar su traducción y reproducirla en cualquier forma.